Graciela RAMÍREZ LUNA*
El ejercicio del poder debe ser distribuido entre varios cuerpos gubernativos, a efecto de que se evite que un poder invada esferas de competencia abusando de los otros o que en uno solo, exista una gran concentración de facultades; por ello, la separación de poderes, a fin de que exista precisamente un sistema de “pesos y contrapesos”, que evite los abusos de autoridad que deriven en un régimen autoritario.
En México, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estado Unido Mexicanos, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En la actualidad, parece que este sistema se encuentra fracturado, pues vemos un Poder Legislativo al servicio del Poder Ejecutivo; siendo el Poder Judicial, el ahora franco opositor y freno a cuestiones jurídicas a todas luces cuestionables, por parte del Presidente; como ha sido en el tema del aeropuerto, la refinería de dos bocas, el tren maya, el plan A y B de la reforma electoral, etc.; pues con las determinaciones en los temas señalados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ido en contra de los intereses del Ejecutivo, siendo atacada políticamente por ello; cabe señalar que la función de la Corte, no es ratificar todos los proyectos del Poder Ejecutivo, sino juzgarlos para verificar su viabilidad y sobre todo que no sean contrarios a la Constitución o los Tratados Internacionales, siendo fundamental desde mi punto de vista que los Ministros que la integran, sean apartidistas.
El 17 de octubre pasado, se aprobó por la Cámara de Diputados la reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal; dicho dictamen, pasó al Senado de la República para su aprobación, turnándose a las comisiones, siendo que la primera lectura de este, será el 24 de octubre del presente año, en donde los grupos parlamentarios definirán el camino a seguir en el Pleno de la Cámara; por lo que el proceso legislativo todavía no ha concluido a la fecha de la elaboración de la presente colaboración; pero al respecto, se señala que esta reforma, que se plantea como presupuestaria, tendría un impacto negativo en el Poder Judicial, afectando el estado de derecho, la inversión, el sector empresarial, reduciendo las condiciones de competitividad de nuestro país; así como la obstaculización de la implementación de reformas en diversas materias; etc. Seguramente el conflicto, se resolverá mediante una inconstitucionalidad.
Pero, desde el punto de vista político, pareciera una venganza a los reveses sufridos y en ataque a la autonomía del poder judicial; desde mi punto de vista, como abogada litigante, considero que para que el justiciable tenga justicia, es necesario que tenga jueces independientes, que no sean sometidos ni presionados por ninguna parte, sin presiones políticas, debiendo proteger el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos; es innegable que como abogados confiamos en la última instancia con la que contamos para la resolución de los asuntos; y si bien, no todo es perfecto en el Poder Judicial de la Federación, su autonomía, incluyendo la financiera, es la forma de garantizar a los gobernados que la impartición de justicia, sea apegada a las leyes y no por consigna de ninguna índole.
*Abogada oaxaqueña comprometida con la sociedad, defensora de los derechos de la mujer y la familia. Maestra en Derecho Constitucional, Diplomada en Derecho Sanitario y Auditoría Legal de empresas.
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