Alfredo Martínez de Aguilar
* Positivo aplicar la Ley a los activistas radicales y dar de baja a normalistas
* Identificados presuntos responsables de daño a patrimonio privado y público
A 45 años del surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el Gobierno de Salomón Jara tiene oportunidad de dejar de estar secuestrado y ser rehén de esta.
Sería positivo precedente aplicar la Ley a los activistas y milicianos de organizaciones radicales y dar de baja a normalistas, que buscan provocar enfrentamientos con la policía para tener mártires.
No se trata, de ninguna manera, de promover la represión policíaca y judicial, sino de demandar la aplicación de la Ley ante los ataques a terceros y la destrucción del patrimonio privado y público.
Después de dos días de caos vial por bloqueos de los activistas y milicianos de las Escuelas Normales en la capital oaxaqueña, la Policía Estatal recuperó los autobuses que retenían.
Tras afectar a la población con el bloqueo del crucero de Fonapas, en la Calzada Héroes de Chapultepec, pretendían regresar con las unidades al CRENO, pero fueron frenados por la policía.
Ante las demandas de intervención de la autoridad por las constantes protestas que afectan a miles de personas, el gobernador Salomón Jara escuchó al pueblo que usa el transporte público.
La mano negra que mece la cuna de la violencia política desde el Gobierno del estado traiciona al Gobernador Salomón Jara, al provocar ingobernabilidad en Oaxaca y, luego acusarle de represor.
Posteriormente, durante una marcha de protesta por la supuesta represión, activistas y milicianos del Cártel de la Sección XXII de la CNTE y de organizaciones sociales, destruyeron todo a su paso.
Rompieron cristales y pintarrajearon fachadas de boutiques, tiendas y restaurantes en Plaza Parque y Plaza Mazari, bancos, y edificios públicos como el Archivo General del Registro Civil.
La violencia fue totalmente manipulada para mostrar ingobernabilidad del Gobierno de Salomón Jara a nivel nacional. Todos los provocadores tienen el fierro del mismo establo en las ancas.
Los autores intelectuales de la violencia durante la marcha de los activistas y milicianos de los Normalistas y organizaciones radicales buscan enfrentamientos con la policía para tener mártir.
Es una maniobra perversa que exhibe el jaloneo entre las tribus de Morena durante la despedida de López Obrador y en víspera de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta.
Héctor Díaz-Polanco expresidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dijo que: “La represión policíaca contra estudiantes normalistas en Oaxaca es más que un error, una estupidez”.
Pese a las intrigas palaciegas, garantizar seguridad a los oaxaqueños con la aplicación de la Ley a los sicarios de las Normales y organizaciones radicales, es obligación constitucional; no represión.
El Gobernador Jara está obligado a cumplir su deber de garantizar seguridad a sus gobernados, a riesgo de incurrir en responsabilidad política, administrativa y penal, por omisión y negligencia.
En estricto derecho, también está obligado a apoyar legalmente a los empresarios afectados por la destrucción de sus negocios, a fin de que denuncien a quienes resulten responsables de los daños.
Lástima que falte visión y sensibilidad al Fiscal “florero” Bernardo Rodríguez para enviar agentes del Ministerio Público y agilizar la recepción de las denuncias de los empresarios afectados.
Jesús Romero, secretario de Gobierno, y el Fiscal Bernardo Rodríguez aseguran que los activistas que causaron destrozos están identificados. En las redes sociales aparecen sus fotografías.
Presión injustificable, Jara ha dado todo a la CENEO
Bajo ningún concepto se justifican las permanentes presiones y los chantajes de la Sección XXII del SNTE-CNTE y menos de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO).
El Gobierno de Jara les ha dado todo lo que han demandado con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la SEP, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
En múltiples ocasiones el Mandatario estatal ha gestionado mayores recursos con el presidente López Obrador, para atender las diversas demandas de las once escuelas Normales del estado.
Ante los hechos no hay palabras. En 2023 las Normales recibieron más de 72 millones de pesos adicionales y en lo que va de 2024 han recibido más de 45 millones de pesos en diversos apoyos.
Salomón Jara y en particular el gabinete de seguridad, debe tomar nota que la mano negra que mece la cuna de la violencia política desde el Gobierno del estado insistirá en buscar mártires.
Los provocadores no son solo activistas y milicianos normalistas, incluida una brigada de ayotzinapos, sino también “pozoleros” marginados en el Cártel de la Sección XXII de la CNTE.
Asimismo, participaron organizaciones radicales como la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Organización Magisterial Popular Independiente, Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC Nochixtlán), Consejo Nacional de Pueblos en Lucha, que ya no maman de la ubre oficial.
No basta, sin embargo, la intervención de los elementos de la Policía Estatal, si no se investiga y aplica la ley a los autores intelectuales de las presiones y chantajes contra el pueblo y gobierno.
Nadie ignora los nombres de los incendiarios de ayer, que hoy desde el propio Gobierno del
Estado y de la bancada de Morena en el Congreso del estado tiran la piedra y esconden la mano.
El gobierno de Salomón Jara en general debe apoyar a los concesionarios del transporte urbano afectados por la retención de sus autobuses, y a los empresarios a los que han robado mercancía.
Es obligación de la Fiscalía del Estado y su titular “florero” abrir carpetas de investigación para perseguir los delitos cometidos por activistas y milicianos de la CENEO y organizaciones radicales.
Urge que la Secretaría de Seguridad apoye a los elementos de la Policía Estatal en los operativos con Visitadores de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y de la Defensoría.
En una actitud hipócrita los activistas y milicianos pseudo revolucionarios de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) traicionan al pueblo pobre y lo agreden.
La primera obligación del revolucionario es educar al pueblo, no joderlo, sobre todo, al pueblo pobre, al que utiliza el servicio de transporte público, indígenas, campesinos, obreros, colonos.
Los revolucionarios auténticos, honorables, porque tienen palabra de honor, saben por convicción que es pecado social joder a los jodidos, al pueblo pobre, a los proletarios, a los desheredados.
Bloquear calles y retener autobuses del transporte urbano jode a los hijos del pueblo pobre, que se ven obligados a caminar y llegar tarde a su trabajo y provocar descuentos en sus salarios.
Estas acciones pseudo revolucionarias de los activistas y milicianos de las Normales afectan también a la clase media baja, micro y pequeños comerciantes, y profesionales independientes.
Más allá del encabronamiento, no afecta, en cambio, a los dueños del capital, medianos y grandes empresarios, mucho menos a los funcionarios públicos federales, estatales y municipales.
