- Por: Mtro. José Ma Villalobos Rodríguez.
Como cuando se padece una infección en todo el sistema digestivo las economías en todo el mundo requieren de potentes antibióticos para sanar.
La crisis financiera mundial que se dio entre 2006—-2009 sirvió para que los reguladores gubernamentales lanzaran a sus mejores sabuesos a encontrar fugas ilegales y blanqueo de capitales, excesos en compras de gobierno, abusos a consumidores, subsidios sospechosos, violaciones sistemáticas a los derechos de empleados y obreros, prácticas delincuenciales del llamado «cuello blanco», simulaciones en fusiones y adquisiciones, contrabandos hormiga y tamaño mamut, conflicto de intereses, «fundaciones» humanitarias abusivas, etc.
En el caso del Reino de España a la salida de Aznar (colaboracionista de Bush Jr. en la guerra contra Irak) y como consecuencia de la crisis financiera global derivada de la falta de cuidado de la banca privada internacional el gobierno de Zapatero tuvo que entrarle al proceso sanitario de una relación de aroma de azufre entre empresas y autoridades de todo nivel.
En cuanto a obra pública innecesaria, costosa y que comprometía recursos públicos para tres generaciones por todo España se descubrieron contubernios mayúsculos en autopistas de cuota, aeropuertos, sistemas de agua potable y saneamiento, generación de energía, sistemas públicos de salud, empresas de ahorro y crédito, entre otras.
Los concesionarios de sistemas de agua y saneamiento en grandes ciudades españolas habían concertado – de la mano amistosa de funcionarios públicos- contratos con grandes beneficios y contadas obligaciones. Las inversiones comprometidas y los resultados en ahorros no se dieron. Los usuarios pagaron mucho más que antes.
Los convenios de construcción, operación y gestión de autopistas de cuota para empresas privadas en territorio español se diseñaron y aprobaron dándole todas las ventajas a quien ostentó la concesión, por muy largo plazo y con peajes mínimos garantizados de por vida, aunque – no hubiese aforo en la realidad.
Las exigencias de mantenimiento, tecnología, productividad, seguros y fianzas eran «light».
Si alguna autopista se veía bloqueada por algún grupo de manifestantes el operador de la vía carretera no sería afectado, si la naturaleza se llevaba con su fuerza un puente o parte de la pista los gastos de reparación generalmente corrían a cuenta del Estado.
En el tema de energía eléctrica sucedió exactamente lo mismo.
Contratos excesivamente jugosos a favor de las empresas, con plazos muy largos, clausulas ventajosas a costillas de los contribuyentes o usuarios, generosas deducciones fiscales vía «Fundaciones», pagos crecientes garantizados y preferencias exageradas en la venta a las industrias, consumidores institucionales y domésticos.
En los últimos tres años se ha disparado 5 veces el precio de la electricidad para los hogares y en los últimos seis meses los recibos pasaron al equivalente de 800 a 1500 pesos.
Para el pago a empresas generadoras de energía solar o eólica en España se excedieron en beneficios rápidos quienes las construían bajo el argumento de que sustituían emisiones nocivas a la atmósfera.
En la presidencia de Zapatero la empresa que más fue sorprendida abusando del exagerado subsidio ambiental fue precisamente IBERDROLA.
Las empresas constructoras (como OHL) o de energía como ABENGOA o IBERDROLA brincaron el charco y de la mano amistosa de los tres gobiernos federales anteriores crecieron sus negocios en México de manera exponencial muy por arriba de lo que lograron en su nación de origen.
ABENGOA recibió ventajosos créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior que terminaron en pérdidas o cartera vencida pues la empresa casi quiebra por manejos engañosos.
IBERDROLA – con financiamientos de NACIONAL FINANCIERA- creció en México de la mano de gobierno y empresas grandes consumidoras de energía.
ACCIONA su filial en energía eólica para México construyó y opera grandes parques eólicos aprovechando la generosidad de los subsidios ambientales que el gobierno federal aprobó hace 18 años.
La turbulencia social y económica que vive Latinoamérica esta creando un entorno de revisión similar al que tuvo España a la salida de Aznar.
No debe ser una cacería de brujas sino un proceso sensato de revisión con lupa de la letra chiquita de los convenios que atan la generación y venta de energía eléctrica o las vías terrestres concesionadas a nacionales o extranjeros.
De estas grandes crisis – y vaya que en México hemos tenido varias y muy profundas – debe aflorar ante todo la verdad.
No se trata de aplicar la Ley de Herodes ni de litigar en los medios. Tampoco ayuda aplicarse en guerras de lodo. Deben participar verdaderos expertos a exhibir que, como y cuanto se comprometió en el servicio de energía o en el usufructo de la nueva infraestructura carretera. Si las negociaciones no dan fruto, queda la opción del arbitraje internacional. No queremos para la siguiente generación la pesada carga de otro FOBAPROA o rescate carretero.
Tomemos en cuenta que es de sabios rectificar. En los temas tan delicados no se debe usar a los medios para faltar a la verdad.
La gran lección de España para nosotros fue la de frenar los abusos de empresas y la actuación incorrecta de funcionarios públicos usando evidencias claras y no declaraciones tremendistas provenientes de charlas en la televisión o de miles de «conocedores» de mesa de café.
