Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió este 29 de noviembre una alerta temprana dirigida al gobernador Gabino Cué Monteagudo, al fiscal general y al coordinador para la Atención de los Derechos Humanos del estado por la posible generación de actos de violencia derivados de la transición del titular del poder ejecutivo del estado, que pondrían en riesgo diversos derechos humanos de la ciudadanía.

La Defensoría pidió a estas autoridades garanticen la seguridad e integridad de las personas que asistan al acto de intercambio del titular del Poder Ejecutivo, así como de quienes ejerzan su derecho de manifestación y de los habitantes de la zona donde se ubica el Congreso del estado.

En concreto, el organismo defensor solicitó al gobernador Cué Monteagudo instruya al Secretario de Seguridad Pública para que mediante los cuerpos de seguridad con que cuenta dicha dependencia, durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos respeten el derecho de manifestación de las ideas, en los términos precisados en la alerta.

La institución autónoma solicitó asimismo al mandatario estatal que el titular de la SSP garantice la seguridad e integridad personal de las personas que asistan al evento de intercambio del titular del poder ejecutivo, a las que ejerzan su derecho de manifestación y a los habitantes de la zona en que se ubica el Congreso del Estado.

El organismo público pidió que estas autoridades, en el ejercicio de sus actividades, adecuen su conducta a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptada por la Organización de Naciones Unidas, así como en la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.

Además, la Defensoría pidió al gobernador que la SSP garantice la seguridad e integridad personal de los habitantes en las ocho regiones del Estado.

Al Fiscal General, la Defensoría le solicitó que los elementos de seguridad de esa Fiscalía coadyuven con las instituciones de seguridad del Estado en los términos solicitados al Gobernador Cué Monteagudo.

Además, la institución autónoma pidió a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo que, conforme a sus atribuciones legales, implemente las acciones pertinentes para la atención integral del asunto planteado en la alerta.

La Defensoría señaló que, si bien es cierto que todas las personas tienen el derecho de ejercer las libertades y derechos plasmados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de que el Estado mexicano es parte, también lo es que ello debe encauzarse por la vía legal y pacífica, a fin de no violentar los derechos de las demás personas.

La institución añadió que, de no seguir las vías legales y pacíficas, tales actos pueden derivar en que las personas sufran injerencias en su vida cotidiana, las cuales repercuten en lo material, económico, laboral, social, e inclusive en el ámbito familiar.

El organismo defensor expuso que no le pasa desapercibido el derecho de manifestación con que cuentan los diferentes grupos u organizaciones, ya que éste constituye un medio legítimo de expresión de sus ideas, requerimientos e inconformidades, entre otras.

Pese a lo anterior, la institución recalca que el derecho de manifestación debe ser ejercido en forma pacífica, sin alterar la seguridad o el orden públicos y sin violentar los derechos o libertades de las demás.

La Defensoría recapituló que con fecha 29 de noviembre diversos medios de comunicación han publicado múltiples notas periodísticas que advierten de posibles enfrentamientos entre autoridades como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y agrupaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La institución defensora puntualizó que de dichas informaciones se desprende la posibilidad de diversas manifestaciones por parte de la Sección XXII del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE –CNTE), así como otras organizaciones, durante el evento protocolario relativo a la transición y toma de protesta del nuevo titular del Poder Ejecutivo del estado, que tendrá verificativo el 1 de diciembre próximo en la sede del Congreso del estado.

Asimismo, la Defensoría expuso que de dichas informaciones también se desprende no sólo la presencia de tales organizaciones o gremios en el citado edificio, sino la posibilidad latente de bloqueos carreteros tanto en la capital como en el interior del estado.

El organismo defensor recalcó que los medios de comunicación citados coinciden en hacer referencia a la posibilidad de hechos violentos con motivo de las manifestaciones de organizaciones civiles y del cerco de trabajadores de la CTM, apostados en torno al Congreso local para evitarlas.

Por este motivo, la Defensoría reiteró su llamado a las autoridades para que garanticen que la transición del titular del Poder Ejecutivo estatal se realice en el marco de la legalidad y de manera pacífica, protegiendo los derechos humanos de toda la ciudadanía.

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