Graciela RAMÍREZ LUNA*
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita; sin embargo, el sistema de justicia actual se ve colapsado por la gran cantidad de asuntos jurídicos que le llegan.
En materia familiar, el Poder Judicial, tiene uno de los mayores retos, pues simplemente en materia de divorcios, el INEGI señala que en el año 2021, en el país registró 149675 divorcios, representando un incremento del 61.4% respecto al año anterior; de los cuales, el 10% se resolvió en la vía administrativa y el 90% en la vía judicial. En Oaxaca, en dicho año se registraron 2412 divorcios; y es solo uno de los tipos de asuntos que se atienden en los Juzgados Familiares.
En el día a día, es común ver cerros de expedientes en los juzgados, falta de peritos oficiales y de trabajadoras sociales, audiencias señaladas tres o cuatro meses después, acuerdos de inicio notificados después de uno o dos meses de haber presentado la demanda; etc.; por lo que despresurizar la carga de trabajo de los juzgados, sin duda es uno de los grandes retos, para que la justicia sea más accesible y asequible; ya que el justiciable se siente desprotegido.
Los ciudadanos demandan un poder judicial funcional, que sepan que sus jueces son justos e imparciales; ya que este no puede existir, sin la confianza y la fe de los justiciables. Estos se sienten desmotivados cuando un juez o jueza no es imparcial, cuando en un juicio relacionado con la familia, emite su opinión sin siquiera haber leído el expediente, y toma partido por alguna de las partes y en lugar de conciliar, cuando casi la o lo obliga a aceptar las condiciones de la contraparte; o cuando no está actualizado en los criterios que rigen en la materia; es decir, las acciones, omisiones de los juzgadores erosionan la confianza pública.
Los asuntos relacionados con divorcios, pensión alimenticia, guarda y custodia o régimen de convivencias; son los que requieren mayor atención del Poder Judicial, y que los involucrados, puedan acercarse a la justicia, bajo un marco legítimo y de respeto a los derechos humanos.
Sin duda muchas de las cuestiones señaladas, son consecuencia del insuficiente presupuesto para mejorar la operación de las áreas sustantivas y adjetivas. El número de juzgadores y juzgados son insuficientes para desahogar adecuadamente la cantidad de trabajo, generando desgaste en el personal; la posibilidad de incrementar los errores y el tiempo de duración de los juicios, así como reducir la calidad en la impartición de justicia.
Es necesario el continuar con la modernización tecnológica de los procesos que operan en la materia; así como llevar a cabo un estudio de cargas de trabajo en los juzgados familiares y un análisis de los procesos que realizan en estos que permita identificar pasos innecesarios o repetidos, para hacer más eficiente los tiempos laborales del personal, así como el ejercicio y aprovechamiento de los recursos; formación para los juzgadores y empleados judiciales que les permitan emitir sentencias bajo los más altos estándares de calidad y transitar en un futuro no muy lejano al sistema oral.
*Abogada oaxaqueña comprometida con la sociedad, defensora de los derechos de la mujer y la familia. Maestra en Derecho Constitucional, Diplomada en Derecho Sanitario y Auditoría Legal de empresas.
IG / FB: RamírezLunaCorporativo
