Este fin de semana cumplimos dos meses de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ocho semanas en las que México ha perdido. 56 días en los que México no ha salido bien librado, porque en todo este tiempo el Gobierno Federal no ha estado a la altura del reto; ni tampoco se ha tenido la altura de miras para proteger la economía ni los millones de trabajadores y parar así la hemorragia de empleos por encima de dogmas ideológicos que, hasta ahora, sólo han dañado a la nación a nivel federal pero también en cada una de las entidades federativas.
Si bien la crisis generada por la llegada del Covid-19 no fue culpa de nadie, el gobierno federal sí ha incurrido en omisiones importantes que han lastimado 1) la confianza de los mexicanos en el propio gobierno encargado de resolver esta crisis; y 2) la economía de al menos un millón de mexicanos que por no haber actuado o implementado acciones eficaces ante esta crisis dan como resultado la perdida de sus empleos.
En cientos de países en el mundo entero, quienes gobiernan han implementado acciones encaminadas a proteger la salud, la economía, el trabajo, el ánimo social entre sus distintas poblaciones. Según el Banco Mundial hay 54 países que ya implementaron algún esquema de subsidio al empleo. Entre ellos están países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina. De hecho en la página de internet salariosolidario.mx se encuentra un pequeño comparativo de cómo otros gobiernos en el mundo han impulsado subsidios al empleo para ayudar a sus trabajadores.
Si se compara con el resto de países del continente, México se ubica en el penúltimo lugar solo después de Bahamas. El primer lugar lo ocupa Perú con medidas equivalentes al 12% de su PIB (OCDE 2020).
El Gobierno Federal cuenta con los medios para implementar medidas de apoyo a las empresas; tampoco se trataba de que monitoreara en tiempo real lo que los otros países fueron implementando durante estas últimas semanas; pero los distintos esfuerzos y programas anunciados por parte del Gobierno no han resultado de gran ayuda.
Coparmex y en todo el sector empresarial, de manera proactiva, y enfocados en el bienestar de México, propusimos en varias ocasiones, distintas medidas para estudio, análisis, retroalimentación y evidentemente para que fuesen implementadas, en diversas materias, como: la salud, la fiscal, económicas, laborales, siendo la más relevante y eficaz el #SalarioSolidario, que busca salvar 19.9 millones de empleos formales en todo el país.
Lo más grave no es que nunca recibimos respuesta, sino que día tras día, este silencio e inacción por parte del Gobierno Federal sigue afectando a los mexicanos; sigue generando más pobreza. En este último minuto que he platicado con ustedes, ya perdieron su empleo 8 mexicanos. A ese ritmo es la hemorragia económica.
Además, la falta de coordinación y liderazgo por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, también obliga a que municipios y estados implementen distintas medidas a nivel local, que si bien se hace de forma bien intencionada, no se hace en el marco de una comunicación y logística a nivel federal.
Por ejemplo, en materia de impuestos y/o contribuciones a la seguridad social para las empresas y hogares, el sector privado solicitó desde hace dos meses la posibilidad de:
1. Contar con diferimiento de los pagos provisionales de ISR correspondientes a 2020. El Gobierno Federal hizo caso omiso a esta solicitud y de manera errónea ha interpretado esta solicitud, como un interés de no pagar impuestos. Nada más apartado de la realidad.
2. Acelerar los procesos de devolución de IVA. Este ha sido el único concepto que ha acordado aplicar el Gobierno Federal.
3. Diferimiento de las cuotas obrero-patronales referentes al periodo de confinamiento. En este sentido, se anunció un mecanismo ya existente en el IMSS que permite diferir las cuotas con una tasa de interés. En otras palabras, en vez de ayudar a las empresas, el Gobierno Federal busca generar réditos y cobrar intereses a las empresas que consideren esta opción.
A nivel local, hay iniciativas mucho más completas como por ejemplo los estados de Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo con Impuestos sobre la Nómina o Impuesto sobre Hospedaje; y finalmente el municipio de Los Cabos con el pago del predial.
Gobiernos latinoamericanos como Colombia, Costa Rica y Perú ya aplicaron estas medidas.
El gobierno tampoco ha coincidido en ninguna de las medidas presentadas por el sector privado en materia fiscal. Se ha pedido una prórroga (no condonación) en el pago de impuestos o en el pago de servicios que provee el estado pero se ha negado a considerarlos. Al momento, las medidas fiscales anunciadas por el gobierno federal solo representan el 0.4% del PIB mexicano.
Las medidas implementadas hasta ahora para proteger el empleo formal son insuficientes. Prueba de ello es que solo se registraron 30% de los posibles beneficiaros de los créditos a empresas con trabajadores asegurados del IMSS. El monto de 25 mil pesos es insuficiente para una empresa formal ya que solo es suficiente para cubrir la nómina de dos trabajadores promedio (alrededor de 9 mil pesos al mes por trabajador) durante un mes.
Con respecto a apoyos o seguros de desempleo, El único apoyo que existe en la materia es brindado por el INFONAVIT, en el que el Instituto cubrirá por tres meses los pagos a la vivienda de trabajadores que hayan quedado desempleados. Este apoyo se podrá extender por seis meses en caso de ser necesario sin cargos adicionales.
Al respecto, un grupo de diputados de distintas bancadas han presentado la propuesta de un Ingreso Vital Único. Uno de los rubros de la propuesta considera otorgar un seguro de desempleo por tres meses equivalente a un salario mínimo. Hay diversos países que previo al COVID-19 ya contaban con el mecanismo de seguro de desempleo (por ejemplo: EE. UU., España, Italia). Sin embargo, diversos países ampliaron los plazos o el monto del beneficio.
En Coparmex seguimos insistido en la necesidad de implementar el #SalarioSolidario que permitirá proteger los 19.9 millones de empleos formales que existen en México y que requieren un presupuesto de 1.2% del PIB. Hace más de un mes, el 20 de abril se le hizo llegar al gobierno federal la propuesta y no hemos recibido respuesta como ya lo hemos mencionado.
El gobierno federal se ha rehusado a adquirir deuda para poder implementar programas fiscales que amortigüen los efectos que la crisis del COVID-19; si hay un momento de adquirirla de forma responsable es este. Una adquisición de deuda del orden del 1%-2% del PIB es totalmente sostenible dado nuestro nivel de endeudamiento. De hecho, cabe mencionar que México es uno de los países menos endeudados entre los países de la OCDE.
México cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares. Esta fue adquirida en 2019 por el actual secretario de Hacienda. El monto máximo de esta medida, considerando tres meses de aportaciones al salario solidario, implica solo el 20% de esta línea de crédito.
Consecuencias de seguir por el mismo camino
Se estima que al día de hoy ya hay 1 millón de empleos formales perdidos. Seguir con este ritmo de pérdida de empleos, tendríamos alrededor de 1.3 millones en los próximos meses. Serán familias que no solo dejarán de contar con una fuente de ingresos, sino también con los beneficios de seguridad social que brinda un empleo formal.
Coneval estimó que la crisis actual podría implicar que la pobreza laboral, es decir los trabajadores formales e informales que cuentan con ingresos laborales por debajo de la canasta alimentaria, pasará de 37.3% a 45.8%, lo que significa un incremento de 7.7% puntos porcentuales.
La falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la población en pobreza por ingreso y la crisis puede cambiar la configuración de los ingresos de la población. Se estima que la pobreza extrema por ingresos podría aumentar entre 6.1 y 10.7 millones de personas. Esto implicaría que practicamente se aumentará en 50% el número de personas en esta condición. Nadie, ni en Coparmex ni en el Gobierno Federal buscamos generar más pobreza, pero es el resultado de las políticas -insuficientes- implementadas hasta ahora. Por ello, la relevancia del llamado a que, aún ahora, 8 semanas después de que inició la Jornada de Sana Distancia, el Gobierno Federal, las empresas y los trabajadores logremos impulsar medidas que de manera eficaz, según la propia experiencia de otros países en América Latina y otras regiones, logren incidir en la calidad de vida de las familias mexicanas.
