A pesar que ha invertido mil 400 millones de dólares desde hace dos años y de que cuenta con todos los permisos necesarios, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador no le ha permitido a la empresa Constellation Brands operar una planta en Mexicali, Baja California, la cual lleva un avance del 70 por ciento y ahora busca que mediante una consulta se decida si opera o no.
De esta manera el Gobierno juega con la iniciativa privada, al no garantizar la certeza jurídica en las inversiones, establece un producto de la plataforma #DICES, auspiciada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que recordó que Constellation Brands lleva 6 años establecida en México con dos plantas, inversiones por 9 mil millones de dólares y la creación de 5 mil empleos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a cargo de Víctor Manuel Toledo Manzur, avaló el proyecto en enero pasado, pero días después, el 24 de febrero, el secretario anunció que se decidió someterlo a consulta ciudadana. Y el presidente López Obrador lo respaldó.
“Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente. Y dicen: ‘Se va a establecer un mal precedente si se hace una consulta, porque se afecta la inversión’. No, ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos”, dijo AMLO el 3 de marzo en su conferencia de prensa matutina.
Al día siguiente, la empresa extranjera argumentó, en una carta, que en mesas con la autoridad federal y local se establecieron acuerdos que ahora se quieren desconocer.
Constellation Brands detalló, entre otras cosas, que previamente había acuerdos con autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Oficina de la Presidencia y el Gobierno de Baja California.
Y que no obstante de que la planta requiere apenas el 0.5% del agua que cada año consume Mexicali, Constellation Brands diseñó un modelo piloto único para recuperación del líquido.
Además, en 2019, el Instituto Electoral de BC declaró improcedente un plebiscito como medio para avalar la planta. Y aunque el gobernador Jaime Bonilla Valdez desestima la propuesta de esta consulta, al final terminó por respaldarla.
La iniciativa privada cuestiona que con esta decisión se violenta el marco jurídico y ahuyentan inversiones, no sólo en Baja California, sino en todo el país.
“Por encima de cualquier conveniencia política debe prevalecer siempre el respeto pleno a la Ley y los marcos normativos aplicables”, difundió el Centro Empresarial de la COPARMEX en Mexicali, a través de un comunicado publicado el pasado 4 de marzo.
Aún así, el Gobierno Federal ya puso fecha y logística para la votación, que será el próximo 21 y 22 de marzo bajo organización de la SEGOB, misma que será mediante voto en urna, con credencial de elector de los participantes.
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