Abrumada por las manifestaciones y cierres de calles y carreteras que se multiplican a lo largo y ancho del país –muchas de ellas invisibles para la mayoría de la ciudadanía debido al férreo control mediático ejercido por la 4T, y casi todas ignoradas desde la cúpula del poder–, la respuesta del régimen no es la atención a las demandas legítimas, sino la fabricación de otra cortina de humo. Las manifestaciones son promovidas por la derecha, por los reaccionarios y no surgen de la inconformidad.
Los responsables del control de daños se inventan un festejo más en la interminable lista inaugurada por Andrés Manuel López Obrador: sus innumerables “informes de gobierno”. Este 6 de diciembre, el Zócalo capitalino será llenado, no con ciudadanos libres, sino con una muchedumbre orquestada: acarreados beneficiarios de los programas sociales, convertidos en moneda de cambio político, y matraqueros patrocinados por los nuevos magnates, esa élite de “empresarios” sin empresa forjada al amparo del favoritismo y el saqueo de los recursos públicos. Un espectáculo de lealtad comprada, financiada a través del huachicol o de las adjudicaciones directas que han drenado las arcas de la nación.
Mientras el descontento social se generaliza, alimentado por la inseguridad imparable y los pésimos resultados económicos, el gobierno responde con un discurso anclado en un país de fantasía. La violencia no cede, por el contrario, se ha enquistado y diversificado, y la economía permanece estancada, incapaz de generar la prosperidad prometida. El relato oficial de una prosperidad en construcción se disuelve, día a día, ante la realidad aplastante de un país fracturado, con instituciones debilitadas y una paz social hecha añicos.
Cuando las manifestaciones son tan masivas que resulta imposible ocultarlas –como ocurrió con la marcha de la generación “Z” o con los bloqueos carreteros de transportistas y productores del campo– la estrategia gubernamental ha evolucionado de la simple descalificación a la represión abierta y a la criminalización de la protesta. Pareciera que los creadores de las marchas y manifestaciones, ahora instalados en el poder, consideran este derecho democrático como un patrimonio exclusivo de su propio proyecto. Así, el robo sistemático al transporte de mercancías, con su estela de desaparecidos y muertos, no merece –según esta lógica perversa– crítica ni demostración pública. Tampoco la falta de oportunidades para los jóvenes, quienes, desesperados, salen a las calles a exigir un futuro que el presente les niega.
Ante el supuesto “millón y medio” de personas que Martí Batres contará ufano con los dedos de sus manos, aquellos que nos negamos a ser partícipes de esta farsa en una Plaza de la Constitución ahora mancillada por las “vallas de la vergüenza” de la 4T, recordaremos los yerros más graves de estos siete años de improvisación y retroceso:
El Pacto con la Sombra: Siete años del más que evidente pacto con el crimen organizado, una política de Estado nacida con el eufemismo de «abrazos, no balazos» y confirmada con escándalos como la infiltración de la organización criminal “La Barredora” en el gobierno de Tabasco, el estado natal de López Obrador. Esta no es una anécdota aislada, sino la muestra de una simbiosis estructural.
La Soberanía Entregada: La entrega de facto de la soberanía nacional al crimen organizado, que hoy gobierna territorios, cobra impuestos y dicta la ley en amplias zonas del país. Una ironía cruel para un gobierno que se llena la boca hablando de defender la soberanía ante potencias extranjeras, mientras la cede puertas adentro a los cárteles.
El Huachicol Fiscal Institucionalizado: La corrupción encontró su espacio en la Secretaría de Marina, con el desvío de 600 mil millones de pesos –equivalente a un escandaloso 6% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025–, según cifras del propio gobierno. Un saqueo a la vista de todos, sin responsables tras las rejas.
La Captura Criminal del Partido en el Poder: La incorporación de figuras y grupos como el Cártel de La Barredora en las estructuras de MORENA, no como una infiltración, sino como una fusión que borra la línea entre el Estado y el crimen.
La Complicidad Parasitaria de los Partidos Aliados: La ratificación de la complicidad de los cárteles del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, parásitos políticos que sobreviven aplaudiendo cada decisión del partido que los cobija, traicionando los principios e intereses que dicen representar, como quedó en evidencia con su silencio cómplice ante el ecocidio del Tren Maya o la destrucción de la laguna de Cuyutlán en Colima o la pauperización de la clase trabajadora.
La Hecatombe Sanitaria: El millón de muertes, muchas de ellas evitables, ocasionadas por el manejo criminal y negligente de la pandemia de COVID-19, un periodo marcado por la desinformación, la opacidad y el desprecio por la ciencia y la destrucción del sistema de salud.
La “Reforma” que Asalta la Justicia: La mal llamada “reforma judicial”, que en realidad es un asalto al Poder Judicial, diseñada para colocar en posiciones clave a incompetentes y personajes ligados al crimen organizado, llenando los tribunales de leales al gobierno para blindar sus actos de corrupción e inconstitucionalidades.
La Farsa de la Selección: La creación de métodos grotescos como las “tómbolas” y los “acordeones” como supuestos mecanismos «democráticos» para seleccionar candidatos a puestos públicos y a jueces, respectivamente. Una burla al mérito y a la inteligencia ciudadana.
El Récord de Sangre: La trágica cifra de más de 300 mil muertos y más de 100 mil desaparecidos, víctimas de una fallida y cómplice estrategia de lucha contra el crimen organizado, que ha sumido al país en una violencia sin perspectivas de solución.
El Cártel de los Parientes y Amigos: La creación del cártel de «parientes y amigos de Andy», una red de corrupción que ha sido responsable de buena parte del saqueo de recursos públicos a través de contratos amañados en los megaproyectos insignia de AMLO, operando como el «huachicol» de cuello blanco.
El Clientelismo como Política de Estado: La construcción de un segundo piso de dependencia, donde la autopista del progreso se sustituye por las transferencias de dinero sin control, destinadas a crear una base electoral cautiva entre los más vulnerables, perpetuando la pobreza en lugar de erradicarla.
En síntesis, este sábado 6 de diciembre no se conmemoran siete años de un gobierno progresista. No se celebra un informe de gobierno. Lo que estarán festejando en el Zócalo, entre consignas vacías y una muchedumbre comprada, es el séptimo aniversario de la creación y consolidación del narcoestado morenista. Un régimen que ha hecho de la simulación, la impunidad y la alianza con las sombras su principal legado.
