Graciela RAMÍREZ*
Escribir del derecho a la salud en el mes en que se celebra el día del médico y en tiempos de pandemia, no es fácil, cuando hemos sido testigos de su vulneración.
En principio, es importante señalar, que el derecho a la salud está relacionado con el ejercicio de otros derechos humanos como la vida, la dignidad humana, vivienda, alimentación, igualdad, acceso a la información, vida privada, etc.; es decir, el derecho a la salud, no solo se refiere a la atención médica, sino a diversos factores.
Acceder a este derecho, si bien abarca las acciones de los profesionales de la salud, en el ejercicio de su actividad, también incluye la creación e implementación de políticas públicas para garantizarlo; por lo que, en este sentido, es obligación de los gobiernos, el proteger y promover los derechos humanos relacionados con dicho derecho.
La pandemia que vivimos, sin duda puso a prueba el sistema de salud no solo de México, sino del mundo; poniendo en evidencia las deficiencias con las que se enfrenta, como la falta de personal, insumos médicos, medicamentos, corrupción, etc., cuestiones que inciden en la transgresión del derecho a la salud, no solo de los pacientes, sino también del personal sanitario, quienes han sido la principal línea de batalla y han trabajado sin descanso en medio de condiciones adversas, arriesgando su vida y la de su familia; en ocasiones sin los recursos necesarios para su protección.
Ante ello, los reclamos para acceder a este derecho, no se han hecho esperar, afianzándose a lo largo de la pandemia y, mediante acciones judiciales, se han protegido, entre otras cuestiones: el incumplimiento de algunas empresas de acatar las medidas sanitarias, la falta de insumos para la protección del personal de salud en instituciones públicas, el desabasto de medicamentos para diversas enfermedades, la vacunación a adultos mayores y, ahora, a menores de 12 a 17 años.
Por ello, es fundamental que el Poder Judicial, asuma su papel de garante para controlar la legalidad de las acciones u omisiones del poder ejecutivo y del poder legislativo, así como de la autoridades en materia de salud, ante los juicios de amparo que se han presentado por padres de familia, organizaciones, colegios médicos, etc., con el fin de que se obligue al Estado a utilizar de forma transparente, eficaz y adecuada los recursos disponibles para garantizar derechos tan importantes como la salud y la vida; pues el Poder Judicial no sólo es la autoridad constituida para la impartición de justicia, sino su responsabilidad debe empezar con la interpretación de las leyes y la resolución de las controversias e intervenir cuando una norma o un acto de autoridad es violatorio de derechos fundamentales; por lo que, sus determinaciones, deben ser objetivas e imparciales y no al servicio de los otros poderes que pretenden retrasar el acceso a la justicia y a un derecho humano tan importante como es relacionado con la salud.
Asimismo, la sociedad civil debe participar activamente en la defensa de este derecho, para influir en la formulación de políticas públicas y exigir a los gobiernos el cumplir con los derechos humanos, la rendición de cuentas, responsabilidad y sensibilidad con los problemas de salud de la ciudadanía.
*Abogada oaxaqueña comprometida con la sociedad, defensora de los derechos de la mujer y la familia. Maestra en derecho constitucional, diplomada en derecho sanitario y auditora legal de empresas.
