* Reveses en reforma eléctrica, revocación de mandato y PPO
* Monreal, negocia candidatura en 2024 con PAN, PRI, PRD, MC
Alfredo Martínez de Aguilar
Aun cuando oficialmente se insista en minimizar el impacto del misil de la marcha ciudadana N13 en defensa del INE, lo cierto es que este golpeó gravemente la línea de flotación del Gobierno de la 4T y obligó a frenar la reforma electoral propuesta por AMLO.
La organización fue un ejercicio democrático extraordinario, con el precedente de la marcha ciudadana en demanda de seguridad el 22 de agosto de 2008. “Si no pueden, renuncien”, exigió el empresario Alejandro Martí por el secuestro y asesinato de su hijo Fernando.
Solicitó al Presidente, gobernadores, legisladores y al Poder Judicial de la Federación que si “la vara es muy alta para atender la inseguridad en México, que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”.
En México, el populismo sigue a tambor batiente. Insatisfecho con la supresión de varios órganos autónomos estorbosos para centralizar el poder y después de haber desfigurado totalmente a la CNDH, ahora sigue con el INE, el último bastión democrático de nuestro país.
Quienes participaron en la gran marcha del N13 no llevaban consignas de terceros, solo una dura y seca: “el INE no se toca”. Los partidos de oposición se sumaron a la convocatoria, pero respetaron que su participación fuera sin banderas ni pancartas partidistas.
La marcha convocada por el Frente Cívico Nacional (FCN) y por Unid@s se desarrolló sin incidentes y sin violencia, a pesar de algunas provocaciones. No hubo daños, ni destrucción en 63 ciudades; cuatro países; cero vidrios rotos e inmuebles vandalizados, lesionados, coercionados, acarreados.
El rotundo rechazo a aprobar la reforma constitucional electoral en el Congreso por el bloque opositor PAN, PRI, PRD y MC, que ha traído consigo el relanzamiento de la alianza Va por México, representa un severo revés al propósito de destruir al INE.
Los partidos de oposición sin MC construirán coaliciones en Edomex y Coahuila. Para aprovechar el liderazgo ciudadano, deberán sumar en 2024: candidato único de oposición mediante métodos transparentes; programa de gobierno construido con la sociedad civil; y un gobierno de coalición.
El misil de la marcha ciudadana N13 en defensa del INE que golpeó la línea de flotación del Gobierno de la 4T dinamita a Morena. El coordinador de sus senadores, Ricardo Monreal Ávila, negocia su posible candidatura presidencial 2024 con la oposición Va por México.
El exgobernador de Zacatecas ha entablado pláticas con los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), así como con Movimiento Ciudadano (MC), en un intento por unificar a la oposición a su alrededor.
No aprobar la reforma electoral en el Congreso se suma a la no aprobación de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al rechazo de la revocación de mandato y frenar la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no será aprobada la reforma constitucional electoral en el Congreso, por lo que impulsarán cambios en las leyes secundarias que permitan modificar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Alista López Obrador “plan B” contra el INE
Frente a ese escenario, Morena y el gobierno federal ya alistan lo que el presidente López Obrador llama “plan B”, una serie de propuestas de reforma a leyes secundarias que incluyan sus principales objetivos contra el INE y que no requieran de mayoría calificada.
El proyecto de dictamen elaborado por Morena avala todas las propuestas presidenciales, cambiar el método de selección de los consejeros electorales, reducir su número, desaparecer a los institutos locales y disminuir el número de integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado.
Las comisiones de Reforma Político-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados presentaron el dictamen de reforma electoral, cuyo eje principal son las propuestas de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 28 de abril.
El proyecto contempla sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), reducir el número de diputados de 500 a 300 y el de senadores de 128 a 96.
También establece que los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean propuestos por los tres Poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.
Estipula que el presidente y consejeros del INEC durarán seis años en el cargo y no podrán ser reelectos. El que reciba más votos ocupará la presidencia y serán elegidos el primer domingo de agosto del año que corresponda. Para la postulación de los candidatos, el Presidente elegirá 20, la SCJN 20, los diputados federales 10 y los senadores otros 10.
También recorta el número de consejeros del INEC de 11 a siete y establece el financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales; plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, y disminuye la participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante; elimina los órganos electorales locales e implementa el voto electrónico.
En los artículos transitorios señala que el INEC “sustituirá plenamente al INE” y que los integrantes del Consejo General de este último “cesarán en sus funciones al momento que sea declarada la elección de las personas integrantes del Consejo General del INEC y éstas rindan protesta”.
En el caso del TEPJF ordena que a partir de la rendición de protesta de los magistrados de la sala superior del Tribunal “quienes ocupan actualmente dichos cargos cesarán sus funciones”. En el mismo momento “quedarán disueltos los tribunales electorales de las entidades federativas y sus respectivos patrimonios y recursos humanos serán asignados al gobierno local correspondiente”.
Es evidente que el presidente está lastimado por la marcha ciudadana y también muestra el abandono de su lucha histórica en la izquierda, donde se realizaban movilizaciones libres, sin acarreos, sin uso de amenazas o cuotas para llenar el Zócalo.
En un sistema hiperpresidencialista y vertical como el que vive México en estos tiempos, no es sorpresa que el próximo domingo y días previos se organice la contramarcha de la sociedad civil desde el último rincón del país, lo cual es explicable siendo gobierno Morena y en donde manejan cientos de miles de millones de pesos en programas sociales con millones de beneficiarios.
Sumado a ello, Morena tiene 22 gobiernos estatales que manejan recursos multimillonarios con un gran número de legisladores federales, locales y alcaldes, lo que les da una gran capacidad de movilización. Sin embargo, el acarreo descalifica al presidente AMLO.
