- Mtro. José Ma. Villalobos Rodríguez
Se observa en el México pre y durante la incidencia de la COVID-19 un sensible deterioro en indicadores socioeconómicos como lo son el de un creciente empleo informal que encontró la última Encuesta Ingreso Gasto en Hogares de INEGI, el aumento en la pobreza extrema y una mayor brecha en desigualdades encontrada por CONEVAL. Estos indicadores tienen tras de sí familias o personas afectadas en su calidad de vida y que manifiestan un malestar personal o colectivo. Aún antes de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 era ya notorio una inconformidad con la persistencia de la desigualdad en la distribución de los recursos.
Existe una percepción general que en México vivimos con una amplia desprotección frente a los riesgos que presenta la vida misma –agravado por los elevados endeudamientos de los gobiernos y de las familias derivados de la incertidumbre que provoca la permanencia o no en un empleo formal y sus consecuencias económicas sobre las familias.
Excluyendo los pagos por pensiones, la deuda neta total pública que la Secretaría de Hacienda plasma en el saldo de los requerimientos financieros del sector público para el año 2021 arroja un valor de $ 12 086 377.2 millones de pesos (52.2% del PIB estimado), siendo $ 7 764,991.8 millones de pesos por deuda interna y $ 4 321,385.4 millones de pesos deuda externa.
En 2021 por el pago de los quebrantos de la banca privada que se volvieron deuda pública se deben pagar $ 969 mil 574 millones (4.2 % del PIB estimado), pues provienen del FOBAPROA (ahora IPAB) de hace 25 años. Las pensiones y jubilaciones a pagar por Gobierno federal en 2021 pudieran ascender a $ 1 200,876 millones de pesos – que representan otro 5.2 % del PIB
Se vive un entorno de desconfianza a la clase política y de incredulidad hacia las instituciones e, incluso, hacia la propia democracia. Este estado de ánimo social adverso se expresa en manifestaciones, protestas, bloqueos, robo de gasolina o a convoyes de ferrocarril o desasosiego urbano y rural. Igual están inconformes las mujeres reclamando la pasividad de la impartición de justicia y la falta de equidad que los ciclistas urbanos ante tanto atropello por autos o camiones que los deudos de desaparecidos o etnias reclamando abusos públicos o privados en obra civil. Una clase media urbana creciente e informada conforma un bloque exigente y organizado que no tolera las desigualdades y la corrupción privada o pública y que se queja de no haber ganado mayores espacios de participación.
Las manifestaciones de inconformidad social en la primavera de 2021 no tienen nada que ver con el México del otoño de 1968. Hoy se ha avanzado en la manera en que las exigencias de jóvenes, mujeres, productores organizados o sindicatos se procesan y resuelven por canales de conciliación más que con el garrote del pretérito. Las huelgas nacionales como la de ferrocarrileros encabezada por Vallejo en los 60 ya no se resolverían hoy día de la misma represiva manera: baste citar que el personal de la Comisión Federal de Electricidad acaba de obtener sin ningún paro una mejora sustantiva en su esquema de ahorro para el retiro – impensable hace dos años cuando se amplió el número de años para jubilarse y los límites de edad.
La clase media más informada cuestiona en México cada vez más la persistencia de un régimen de privilegios que nació con la Nueva España y sigue vigente hasta nuestros días.
Las inmensas desigualdades socioeconómicas en todas las regiones siguen dándose en función del color de la piel, el apellido, el género, la pertenencia étnica, religiosa o racial.
Ejemplos de trato de privilegio abundan: las pensiones y la calidad de los servicios de atención médica que reciben el personal de las fuerzas armadas, la alta burocracia del Banco de México, los empleados de PEMEX o la CFE no tienen paralelo ante los que reciben los usuarios de centros de salud o de hospitales de entidades federativas – en donde se atiende a la gente con muchos menores recursos humanos y materiales.
La convergencia de servicios de salud en México como ya lo tiene Turquía es impensable porque en el día a día no somos ni nos vemos como iguales. La fuerza sindical se ha resistido a tener un sistema único de salud pública ante el temor de la reducción de personal administrativo redundante en las instituciones contributivas y en los sistemas de salud estatales.
La calidad del servicio de salud por hospitales privados arroja mejores resultados en cuanto a sobrevivencia a COVID pero son alcanzables sólo por un pequeño grupo de familias que los pueden pagar. Según datos de la Aseguradora Axa el pago a hospitales privados por padecimientos onerosos promedia $ 652 mil pesos para COVID, $ 280 mil pesos para cáncer, $ 200 mil pesos para casos de enfermedad renal y $ 163 mil pesos para una neumonía.
Si el paciente no cuenta con la cobertura de un seguro médico privado amplio no podría sufragar esos costos o tendría que recurrir al endeudamiento con parientes o usureros o malbaratar bienes. Afortunadamente, la red familiar en México es muy solidaria y colaborativa en casos de emergencia o de algún siniestro de alguno de sus integrantes.
Durante los primeros dos años del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo se presentó el impago de Tesobonos y el rescate bancario – acompañado de un proceso de insolvencia de la clase media y miles de empresas de todo tamaño afectadas por el estancamiento económico. Para resolver la insolvencia de los acreditados se recurrió con el apoyo del Congreso a la creación del fideicomiso que hizo pública la deuda bancaria privada por miles de millones de pesos. Un cuarto de siglo después se sigue pagando deuda por FOBAPROA (rebautizado como IPAB) con los ingresos federales. Esta serie de pagos por compromisos pretéritos significan distraer recursos fiscales que hubieran sido para mejora en seguridad, educación o a la salud. Por desgracia, los mexicanos sólo vivimos y pensamos en el hoy y no prevenimos el que sucederá en el futuro que no es tomado en cuenta, sobre todo, por cómo evolucionan los riesgos de la vida o el deterioro natural del organismo.
Si se añade a esto los vicios de la impartición de justicia y la discrecionalidad de servidores públicos tenemos que la gente no se siente representada por sus políticos y tienen muy poca credibilidad en la administración pública. Actualmente, como los municipios han crecido en recursos que administran se han vuelto un “panal de rica miel” con las consecuencias de disputas violentas por la tener el poder discrecional de disponer de estos. Habrán notado la frecuencia de asesinatos de Tesoreros municipales en todo el país- que es una expresión de avaricia o acompañamiento de personajes cuestionables dedicados a la economía ilícita.
El mal manejo de lo público se traduce en ingobernabilidad e incertidumbre cotidiana, ya que es frecuente que se haga de lado la práctica toma de decisiones con participación ciudadana -con lo que se obstaculiza la construcción de consensos. Se impone, no se consensuan decisiones. En 2018 en Latinoamérica, según CEPAL 48.3% de las personas afirmaba que los ingresos que percibían eran insuficientes para cubrir sus necesidades más la carga del pago del sobreendeudamiento a tasas impagables. 78.85% de las personas consideraba que su país era gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. En un entorno de desigualdad en América Latina sólo el 14.1% de las personas declaraba confiar en los demás.
Un evento extremo como es la pandemia de la COVID-19 aumenta la vulnerabilidad de las familias excluidas de los beneficios del desarrollo social. Los bajos ingresos, los empleos precarios con o sin outsourcing, el alto nivel de deuda de las familias y las fallas de un sistema de bienestar con afectaciones cotidianas alimenta el desencanto. El encierro obligado de las familias redunda en más violencia contra las mujeres, los hijos y los ancianos.
Entre 2013 y 2018 CEPAL encuentra que en México el porcentaje de personas que declaran que su ingreso no les alcanza para cubrir satisfactoriamente sus necesidades pasó del 41 al 53 por ciento. Con los efectos negativos de la pandemia, a partir de marzo 2019, la carga de la deuda en consumo, hipoteca o para un pequeño negocio se ha vuelto impagable para miles de familias. Esta situación genera la sensación de mayor inseguridad y desasosiego al interior de los hogares. Si en 2003 el nivel de endeudamiento de las familias mexicanas representó el 38% de su ingreso disponible en los hogares para 2018 ya fue cercano al 80%. Significa que el COVID tomó mal paradas a las familias en relación a su capacidad de cubrir sus necesidades y servir la deuda contraída en un entorno macroeconómico diferente, previo a la pandemia.
Gracias a la oportuna intervención y apoyo del Banco de México la banca privada ha sido moderada en sus esfuerzos de recuperación del crédito colocado pero ya se señaló por la Secretaría de Hacienda el 30 de septiembre 2021 como la fecha límite para dejar de estar apoyando a los deudores. Con la lentitud con la que se está avanzando en la vacunación estimo que el 30 de septiembre no bastará para que las familias puedan haber finiquitado o salido de sus deudas. Mucho menos en los sitios que dependen mucho de los servicios que proporcionan a los turistas o a los consumidores locales -como es Oaxaca, Quintana Roo o Guerrero. Consecuencia del quebranto socioeconómico en México de los últimos meses ha sido un creciente descontento con las instituciones públicas, los legisladores, los banqueros y los jueces. Con el intercambio de información actual es fácil estar enterado de las acciones de gobierno o sociedad civil de otros países donde la manera de aplicar la vacunación ha sido mucho más eficiente que en México. En el Condado de Los Ángeles ya se está anunciando el regreso a clases presenciales para el mes de abril y varios museos y estadios deportivos van de vuelta a poder contar con público. El nivel de vacunación deseado para ir abriendo las actividades productivas y de esparcimiento es del 70% y en México estamos aún lejos de esa meta.
En lo político la jornada electoral del 6 de junio tendrá como obstáculo el temor de la gente en ir a votar.
Es indispensable que el Gobierno Federal permita mayor colaboración de las empresas y particulares en la vacunación. Industriales del Valle de México y de las maquiladoras de Ciudad Juárez están dispuestos a pagar de su bolsa la vacunación de su personal. Aducen que la inmunización por privados sería posible hasta después de las elecciones del 6 de junio.
Es un reto formidable lograr inmunizar a los mayores de 18 años en México. En Estados Unidos ya se anuncia una vacuna para 2022 para menores de edad. Es, pues, un asunto creciente y masivo que amerita que se resuelva con la participación de más actores aparte del gobierno federal. Se requiere anteponer a las diferencias políticas una acción de salud colectiva. Si no lo hacemos así seguirá creciendo el desencanto hacia la democracia y sus instituciones.
En lo inmediato, la solución de implementar más recorte de personal en el Gobierno Federal a través del sector educativo no parece oportuno ante el creciente malestar que tienen en el país las familias confinadas por la pandemia y en una situación de iliquidez.
Pasando el proceso electoral de junio no habrá de otra que convocar vía Hacienda a una nueva Convención Hacendaria para que los tres niveles de gobierno acuerden cómo incrementar la recaudación fiscal actual. Ya no es objeto de discusión la urgente necesidad que se recaude más y mejor. No podemos seguir dándonos lujos como el bajísimo predial que se paga, ni con excepciones fiscales que exentan del pago del ISR a los empleados de ciertas instituciones públicas, ni del gasto superfluo en medios de comunicación de los gobiernos que dedican más fondos a auto ensalzarse con dinero de los contribuyentes, ni seguir teniendo tanto dinero para los partidos políticos o las autoridades electorales, ni dedicar tanto dinero a la compra de frivolidades y proyectos capricho de nuestros gobernantes.
Los mexicanos hemos tenido un año de pesadilla y está claro que el Presidente Biden es la antítesis de lo que fue el ahora ex Presidente Trump. Su transformación implica que el ESTADO va a prevalecer sobre el MERCADO, cuyos equívocos y desmantelamiento dañó a varias generaciones en el vecino de la Unión Americana. De la misma manera en que las personas visten diferente para un día soleado que para un día frío toca, ahora, al gobierno de México transmutarse hacia una relación con un personaje que trae una visión totalmente contraria a la que tuvo Trump en los temas de cuidado del medio ambiente, transparencia, energía, salud, educación, apoyo a familias y empresas y fin a la improvisación y ocurrencias en políticas públicas.
