- El más grave conflicto que enfrenta la actual administración estatal es el “fuego amigo” de enemigos y traidores. Campean cotidianamente “grillas aldeanas” e intrigas palaciegas.
- La Secretaría General de Gobierno, fue despojada de importantes funciones otorgadas a la Jefatura de la Gubernatura y a la Consejería Jurídica, y le arrebataron cuantiosos recursos.
Es de sobra conocido que los conflictos agrarios y postelectorales son sumamente complejos y complicados en Oaxaca. Ambos han dejado una estela de brutal violencia, sangre y muerte.
En la generación o detonación prefabricada de los conflictos agrarios y postelectorales, no solo participan las organizaciones sociales radicales, los partidos políticos, sino también las iglesias.
Hoy en día, la génesis de dichos conflictos se agudiza al ser provocados los enfrentamientos entre comunidades o municipios por grupos armados y la delincuencia organizada que opera en Oaxaca.
Sin embargo, el mayor problema que enfrenta el gobierno de Alejandro Murat, no es el baño de sangre que han dejado los enfrentamientos fratricidas entre las comunidades oaxaqueñas.
El más grave conflicto que enfrenta la actual administración estatal es el “fuego amigo” de enemigos y traidores. Campean cotidianamente “grillas aldeanas” e intrigas palaciegas.
Las pugnas provienen de la desplazada vieja clase política, pero sobre todo de las capillas que han formado los grupos de los “yupis” y los “yopes” en lucha por el poder político y económico.
Esta estúpida contienda entre los servidores públicos oaxaqueños, locales y ausentes, y foráneos del Estado y de la Ciudad de México, daña al gobernador Alejandro Murat y más que nada a Oaxaca.
A poco más de un mes de cumplir sus dos primeros años de gobierno, es indispensable que el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal dé un manotazo y un fuerte golpe de timón en su administración.
Es por demás, público y notorio que los resultados no son del todo favorables ni menos positivos en el Estado. Murat mejor que nadie sabe que no todos sus amigos y colaboradores han cumplido.
A esta realidad se enfrenta a diario Héctor Anuar Mafud. Y que se agrava por el desmantelamiento de la Secretaría General de Gobierno por Benjamín Robles Montoya, durante el gabinato.
La dependencia responsable de la política interior del Estado, fue despojada el pasado sexenio de importantes funciones y se las otorgaron a la Jefatura de la Gubernatura y a la Consejería Jurídica.
De esta manera, Gabino Cué y su mafia le arrebataron cuantiosos recursos humanos y materiales, pero ante todo financieros. Prácticamente dejaron en sus huesos a la Secretaría de Gobierno.
Pero lo más patético, por dramático, es que, a pesar que Pemex dona 500 mil litros mensuales de combustibles, la restante flota vehicular de la Secretaría General carece de combustible.
Ello se complica si sumamos que cada secretaría adquiere poder por sí misma y por la relación con el gobernador, tales como finanzas, seguridad, planeación, desarrollo social, la secretaría técnica.
Preservar la gobernabilidad del Estado, se torna cada día más compleja ante la inexplicable falta de recursos, supuesta o real, no obstante contar con el presupuesto más alto históricamente.
No es casual que por las razones anteriores, el despacho de las funciones de la Secretaría General de Gobierno sea tan complicada y fuente de conflicto con los demás miembros del gabinete, señala puntualmente el politólogo y escritor Cipriano Flores Cruz al analizar la creciente pérdida de poder de la dependencia responsable de la política interior del Estado.
Baste recordar los casos de los Secretarios Generales de Gabino Cué que terminaron aventando a esa institución al cesto de la basura por las relaciones conflictivas que tuvieron con los secretarios amigos del Gobernador y la falta de apoyo de éste para con su Secretario General de Gobierno.
Lo mismo sucedió a los Secretarios Generales de Ulises Ruiz Ortiz, sólo el don de mando, el ejercicio vertical de la autoridad, traducido en autoritarismo, y el apoyo del Gobernador hacia Jorge Franco hizo posible recobrar y ejercer las funciones atribuidas a la Secretaría de Gobierno.
Bajo las circunstancias de la actual realidad política de Oaxaca, en donde el crimen organizado, las organizaciones sociales, los sindicatos y en especial la Sección 22 de la CNTE, compiten por el poder del Estado y exigen la pronta solución de sus problemas, no hay más remedio que plantear el reforzamiento de la institución para garantizar la gobernabilidad del Estado.
En la puja participan las cámaras y organismos empresariales, la iglesia católica, los partidos políticos, los órganos autónomos, diversas asociaciones civiles, el gobierno federal, las organizaciones sociales radicales, así como las demandas de diversos sectores de la sociedad y de las comunidades, las autoridades municipales y sus agencias municipales y de Policía.
A un año y medio de tomar posesión, por tercera ocasión, de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, se ha esforzado por desactivar y reencauzar numerosos y diversos conflictos.
El istmeño, salinacrucense de origen y de ascendencia egipcia, resalta que con diálogo y voluntad política ha logrado resolver 14 conflictos agrarios en las ocho regiones de la entidad oaxaqueña.
De manera especial destaca la solución de enconados conflictos entre comunidades hermanas en la región del Istmo de Tehuantepec, como San Francisco del Mar Pueblo Nuevo con Pueblo Viejo y San Mateo y San Francisco del Mar, en la zona huave, alimentados por partidos políticos.
Cumpliendo las instrucciones del gobernador, en el sentido que la SEGEGO se mantenga cercana a la gente, Mafud diálogo con el Francisco Álvarez, Agente Municipal de Pueblo Viejo, quien acompañado de su Tesorero y Secretario reiteró que la voluntad de su pueblo es resolver el conflicto en un marco de paz.
O la liberación en San Juan Mazatlán, Mixe, de cinco funcionarios, dos trabajadoras del juzgado, dos de Conagua, uno del IEEPCO, y un ciudadano de Malacatepec; después de mantenerlos retenidos por más de 8 días, y luego de 15 horas de reunión con las autoridades municipales.
La retención de la que fueron víctimas María Jerónimo, actuaria del Juzgado de María Lombardo, y su acompañante, la meritoria Verónica Martínez, derivó del conflicto político en esa comunidad en la que ambas no tenían competencia.
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