- Raquel García Martínez forma parte de una de tantas mafias familiares que manejan los cárteles que continúan saqueando los Servicios de Salud, lo que puede calificarse de crímenes de lesa humanidad.
- Raquel es prima hermana de Marina Martha y de Carlos Martínez Tamayo, creador de seis empresas “fantasma”, ligados política y presuntamente en negocios al ex gobernador Diódoro Carrasco.
Con la candidatura del PRI a la gobernación de Alejandro Murat y su posterior triunfo, resurgió la esperanza de cambio en los oaxaqueños. El creciente reclamo social es combatir la corrupción.
El saqueo de la mafia de Gabino Cué llevó al total hartazgo. Aun cuando fue su principal promesa de campaña electoral y compromiso de gobierno, sigue siendo uno de los principales pendientes.
Situación entendible, jamás justificable. Falta una cultura de la legalidad en la población en general. Afortunadamente, no todo está perdido, todavía hay quienes se atreven a denunciar.
Es de lamentar que aún son casos de excepción. La mayoría de los hombres y mujeres oaxaqueños pretextan que no quieren meterse en problemas, salvo cuando no les benefician los moches.
En tales condiciones, reviste singular importancia que algunos de los amigos y colaborares más cercanos del mandatario estatal continúen decididamente el combate contra la corrupción.
Es el caso del titular de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, apoyado por el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.
La conjunción de esfuerzos y suma de voluntades para mantener la lucha permanente contra la corrupción en el corrompido y saqueado sector salud, permitió dar a conocer recientemente una positiva noticia.
Tras incurrir en presuntos actos de corrupción por espacio de cuatro años en la Jefatura de la Unidad de Servicios de Personal de la Dirección Administrativa, Raquel García Martínez, fue cesada en esa dependencia.
Los Servicios de Salud de Oaxaca cumplió la orden de la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado.
La funcionaria asumió el cargo en los SSO en 2014 durante la administración del ex gobernador Gabino Cué, y continuó al frente de la Unidad de Servicios de Personal durante un año y medio más.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental cesó del cargo a la controvertida servidora pública, a través de la resolución marcada por el expediente número 140/RA-A/2017.
La reiteradamente cuestionada funcionaria por probables corruptelas, además, fue inhabilitada para desempeñar cargos o comisión al servicio del estado o municipios, por el término de un año.
De acuerdo con el expediente abierto por la Secretaría de la Contraloría, Raquel García Martínez era la encargada del pago de la nómina de los más de 17 mil trabajadores de los Servicios de Salud.
Asimismo, era el nexo probablemente delincuencial con los dirigentes de las tres secciones del Sindicato para otorgar contratos temporales y compensaciones, quien además pagaba a las decenas de “aviadores”, según logramos investigar.
Este probable acto de corrupción, se suma al consumado al inicio de año en el que se pusieron al descubierto lo presuntos actos ilegales y de corrupción en la nómina de los Servicios de Salud desde la administración del ex gobernador Gabino Cué.
El escandaloso saqueo ha generado una deuda superior a los 6 mil millones de pesos en la Secretaría de Salud, así como un déficit anual superior a los mil 700 millones de pesos.
La ex Jefa de la Unidad de Servicios al Personal, Raquel García Martínez, quien laboraba en la Secretaría desde 1999, es prima de Marina Martha Martínez Tamayo, Directora de Administración de Personal al lado de Yuri Arias Cruz, ex Director de Administración.
Aunado a ello, Raquel forma parte de una de tantas mafias familiares que manejan los cárteles que continúan saqueando los Servicios de Salud en perjuicio de los oaxaqueños más pobres con acciones que bien pueden calificarse de crímenes de lesa humanidad.
Las amplias redes de complicidad familiar que han tejido Marina y Raquel en la Secretaría de Salud pueden tipificarse de delincuencia organizada, pues Manuel Montes, marido de Raquel, también labora en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en JP García.
Así también, Marina Martha Martínez Tamayo, metió a trabajar a su sobrino Arturo Martínez en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Roberto Carlos Martínez Gómez, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, es primo de Marina y Raquel.
Llama poderosamente la atención por qué, a pesar de las múltiples auditorías en las que le resulta probable responsabilidad en el desvío de multimillonarios recursos hasta ahora la federación no ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad en su contra.
Seguramente la razón simple y sencilla de esta amplia impunidad es que Raquel Martínez García es prima hermana de Marina Martha y de Carlos Martínez Tamayo, quienes presuntamente están ligados política y económicamente en negocios al ex gobernador Diódoro Carrasco.
En complicidad con Jorge Castillo Díaz y Manuel Ramírez Tenorio, ex cuñado del ex gobernador Gabino Cué y primo de Germán Tenorio, el empresario llantero Carlos Martínez Tamayo montó seis empresas “fantasma” para saquear el programa de sanitarios ecológicos.
Raquel, la ex secretaria particular de César Román Figueroa Hernández, ex Subdirector de Personal y ex Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, disponía y fijaba a discreción el monto de los importes de las compensaciones especialmente a sus cómplices.
La contadora Martínez García se hizo incondicional y colaboradora indispensable de los anteriores Secretarios de Salud y Directores de los Servicios de Salud por el amplio conocimiento de los tejemanejes ilegales en el saqueo de los fondos federales del sector salud.
El gran negocio de Raquel y su cartel se da con el personal eventual, cuando al firmar contrato le anexan un recibo por determinada cantidad, que no se refleja en ningún depósito del empleado, con la justificación que es por unos conceptos que se incluyen en el recibo de nómina quincenal.
Esta justificación jalada de los pelos es totalmente ilógica, ya que al firmar un recibo de nómina por determinados conceptos no se tiene por qué firmar un recibo que establece que es por única ocasión y sujeto a suficiencia presupuestal.
Luego, entonces, basta sacar cuentas de 4200 o 4500 contratos eventuales que hasta hace muy poco fueron firmados de manera bimestral, para saber a cuánto importa el desvío o robo del recibo que dan a firmar a los empleados por algo que nunca les depositan.
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