- Alfredo MARTÍNEZ DE AGUILAR.
- Es una clara advertencia sobre los peligros del ejercicio del poder absoluto, sobre todo, cuando no existen límites a este para evitar la corrupción y la tiranía ni mucho menos los mecanismos de control constitucional o los procedimientos legales de rendición de cuentas. * En una decisión sin precedentes, en Campeche, la jueza Guadalupe Martínez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores.
Los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores viven en México una noche negra como resultado de las tentaciones autoritarias del poder para restringir la libertad de expresión.
La libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la verdad y a saber, así como los medios, los periodistas y comunicadores, están bajo asedio en Campeche, Puebla y Michoacán.
Se hacen presentes los peligros de la concentración del poder unipersonal, corrupto y corruptor, con facultades metaconstitucionales en los gobiernos de Morena y la Cuarta Transformación.
Esta grave situación de riesgo para el ejercicio de la libertad se refleja en la reflexión sobre la naturaleza humana: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente“.
Es una advertencia sobre los peligros del ejercicio del poder, sobre todo, cuando no existen límites al poder para evitar la corrupción y la tiranía ni los mecanismos de control o rendición de cuentas.
La corrupción no solo se refiere al robo de bienes materiales, sino también al incumplimiento de la ley y la desviación de esta, al abuso de autoridad y la manipulación del poder en beneficio propio.
En una decisión sin precedentes, en Campeche, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, de 71 años, exdirector del diario Tribuna.
Lo acusó de los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores, ordenó el cierre de la plataforma digital y le prohibió al comunicador ejercer su labor.
También vinculó a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna, Isidro Yerbes, lo que “sienta un ominoso futuro para los periodistas independientes“.
Sansores acusó que en las publicaciones de Tribuna se instrumentó un ataque sistemático de ofensas personales en su contra por su condición de mujer y se incurrió en “libertad de agresión“.
El Congreso del estado de Puebla se encuentra en el “ojo del huracán” a nivel global por la aprobación de la Ley de Ciberseguridad o Ley Censura, por el ciberasedio a medios y periodistas.
En “la mañanera” Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en ausencia de la presidenta Sheinbaum, dijo: “Estamos en contra de cualquier intento (de censura)”, y pidió revisar la Ley.
“El Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura, nos preciamos de seguir las líneas de las libertades y los derechos, de ninguna manera estamos por la censura de medios…”.
Al referirse a la ley aprobada en Puebla, que considera delito el ciberasedio, la presidenta Sheinbaum, fue clara: “No estamos de acuerdo con un artículo que promueva la censura”.
ARTICLE 19 expresa su más firme rechazo al dictamen que el Congreso del Estado de Michoacán pretende aprobar, tipificando en el Código Penal estatal, la llamada “apología del delito”.
Los diputados adicionan la fracción IX al artículo 24 y el artículo 163 quinquies. El dictamen es alarmante. Su redacción ambigua y alcance desproporcionado amenazan los derechos humanos.
De aprobarse, sancionaría a quien “por cualquier medio haga alusión de personas o grupos delictivos”, bastaría con mencionar o referirse a estos grupos para incurrir en delito penal.
Esta formulación vaga no solo incumple los principios de legalidad y seguridad jurídica, sino que habilita un margen amplio para la censura y la criminalización de voces periodísticas críticas.
ARTICLE 19 reitera su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y llama a los poderes públicos, a la sociedad civil y a los medios a vigilar estas iniciativas que vulneran ese derecho.
alfredo_daguilar@hotmail.com director@revista-mujeres.com @efektoaguila
