Cuerpo femenino como territorio político
Lizbeth Bravo
Hay formas de violencia que no escandalizan porque no se ven. No hay sangre en las calles ni titulares urgentes. Pero existen, persisten y, peor aún, han sido legitimadas por los propios Estados. La esterilización forzada es una de ellas, una práctica que revela, sin matices, hasta dónde puede llegar el poder cuando decide quién debe reproducirse y quién no.
No es un exceso del pasado ni una anomalía cultural. Es una política que, en distintos momentos y geografías, ha operado bajo lógicas similares, el control demográfico, racismo institucional y desprecio por la autonomía de las mujeres.
La evidencia global es contundente. Naciones Unidas ha advertido que la esterilización forzada, cuando es ejecutada por agentes estatales o bajo políticas públicas, puede constituir tortura y, en contextos sistemáticos, incluso crímenes de lesa humanidad. No es una categoría retórica: es un señalamiento jurídico internacional.
El caso de Perú es quizá el más documentado en América Latina, pero no el único. Entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, alrededor de 270 mil mujeres. principalmente indígenas, pobres y rurales, fueron esterilizadas. Muchas de ellas no hablaban español, no sabían leer o simplemente nunca dieron su consentimiento. Otras fueron engañadas, presionadas o incluso trasladadas por la fuerza a centros de salud.
No fue un error médico. Fue una política de Estado.
Y como toda política de control, tuvo un patrón claro, las mujeres más vulnerables fueron las más intervenidas. El propio sistema premiaba a personal médico por cumplir cuotas de esterilización, convirtiendo los cuerpos en cifras y la reproducción en un indicador de productividad.
Este fenómeno no es exclusivo de América Latina. Casos de esterilización forzada han sido documentados en países de Europa del Este contra mujeres romaníes, en Estados Unidos contra mujeres afrodescendientes e indígenas durante el siglo XX, y más recientemente en contextos migratorios y carcelarios. El hilo conductor es el mismo, el cuerpo de ciertas mujeres sigue siendo considerado un espacio de intervención legítima.
México, aunque menos visible en el debate internacional, no está al margen. Organizaciones como GIRE han documentado casos de esterilizaciones sin consentimiento en contextos de atención médica, particularmente vinculados a violencia obstétrica y a condiciones de vulnerabilidad. No hay cifras oficiales consolidadas (y ese es ya un síntoma del problema), pero sí evidencia suficiente para afirmar que no se trata de hechos aislados.
