En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos de
acuerdo en establecer mecanismos de confianza entre la ciudadanía, empresas y gobierno, pero observamos que si bien la Ley de Confianza Ciudadana intenta fomentar la inversión y el crecimiento de los negocios, a partir de que estos no sean extorsionados por inspectores o funcionarios corruptos, también es cierto que esta puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político.
El padrón de confianza es un registro propuesto por el Gobierno Federal para los ciudadanos y empresas, que sustituirá las revisiones que hacen los inspectores de las dependencias federales. Habrá un sorteo, llamado “análisis estratégico”, para determinar las personas elegidas que sí serán inspeccionadas.
En caso de que la revisión haya sido satisfactoria y se haya verificado el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, recibirán un reconocimiento por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ley de Confianza Ciudadana pretende fomentar la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones de los negocios, a partir de que estos se registren -de forma voluntaria- en dicho padrón, con el argumento de combatir la extorsión y corrupción.
Sin embargo, la ley establece diversas excepciones: seguridad nacional, la seguridad de la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal.
Además de la salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios.
El padrón será vigilado por la Secretaría de Economía, que lo hará por medio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), dependencia que comprobará si aquellos que se inscribieron proporcionaron datos verdaderos.
En la Confederación Patronal observamos, que, por ejemplo, la Ley de Confianza Ciudadana no aclara cuál será el procedimiento para las empresas que no quieran inscribirse en el registro, ya que rechazar ser parte de este padrón no significa que se esté incumpliendo con alguna obligación.
Asimismo, la Ley de Confianza Ciudadana no detalla qué otros beneficios podrán recibir las empresas, además de la suspensión de las inspecciones. Esto último, se será definido más adelante por la CONAMER, mediante reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o buenas prácticas.
Consideramos que se deben de establecer beneficios y facilidades administrativas claras para que la Ley de Confianza Ciudadana funcione, además de que genere condiciones para crear un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, creación de empleos y combate a la corrupción, y que ayude a construir un mejor país.
En la COPARMEX apoyamos los esfuerzos para restablecer los vínculos de confianza entre el gobierno y el sector privado, pero el Estado nunca puede renunciar a su función de vigilante de la legalidad, y las conductas que se aparten de la ley deben ser siempre sancionadas.
