*Las autoridades no pueden dañar patrimonios y afectar fuentes de trabajo, en la medida que un producto o una empresa puede ser estigmatizada, con un anuncio carente de fundamento.
Fue dado a conocer ayer martes 13 de octubre, por parte de la Secretaria de Economía (SE) del Gobierno Federal, un comunicado donde se da cuenta que ordena la suspensión inmediata de la comercialización de diversos productos alimenticios, que, según la autoridad no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Han trascendido distintas posiciones de las empresas cuyos productos fueron señalados en dicho comunicado, donde claramente las autoridades federales han desvirtuado y han brindado información inexacta e irresponsable, que estigmatiza y generan un daño reputacional a las marcas de los productos y de las empresas señaladas.
“Sorprende que la Secretaría de Economía, que en lugar de fomentar el desarrollo y la creación de empleos, emprenda acciones infundadas y altamente lesivas contra empresas, productos y marcas del sector de alimentos procesados. Parecería que con espectacularidad, quieren ocultar la falta de resultados”, indicó Gustavo de Hoyos Walther.
“Hago un llamado a las distintas instancias del Gobierno Federal, particularmente a la Secretaría de Economía, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor [PROFECO], para que el ejercicio de sus atribuciones se lleve a cabo siempre con responsabilidad, entendiendo que ser gobierno implica un ejercicio fundado y motivado de esas atribuciones”, agregó el Presidente Nacional de la COPARMEX.
“Las autoridades tienen una responsabilidad, misma que significa que sus acciones pueden derivarse en el deterioro de patrimonios, y lo más grave, en la afectación de fuentes de trabajo, en la medida que un producto o una empresa puede ser estigmatizada, con un anuncio carente de fundamento”, señaló el líder empresarial.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana hacemos un llamado, un emplazamiento al Gobierno Federal, para que se conduzca con apego a derecho, sin dogmatismos, con pleno respeto al prestigio, reputación y buenas prácticas de las empresas que operan en el país.
