- Otorga juez amparo a la ciudadanía preocupada por la potencial propagación de Coronavirus y ordena medidas antes de las 13:00 horas del día de hoy, que garanticen la salud de las y los asistentes.
- La sentencia prevé posibles penas privativas de la libertad e inhabilitación para las autoridades responsables como el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el gobernador Jaime Bonilla entre otros.
• Además de riesgos a la salud y a la vida, consultas populares como esta, son un riesgo económico en plena antesala a una crisis mundial por la contingencia sanitaria: Coparmex.
El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California otorgó a un grupo de ciudadanos preocupados por la propagación del Coronavirus en Mexicali, una suspensión de plano para obligar a las autoridades responsables a que, antes de la consulta y en un lapso no mayor a 24 horas presenten, implementen e informen de todas las medidas y acciones que se desarrollen (un protocolo sanitario) para poder prevenir y evitar cualquier riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19 a efectos de evitar riesgos a la salud y a la vida.
Estos sábado 21 y domingo 22 de marzo, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación llevará a cabo una consulta pública donde se votará a favor o en contra de la operación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, en Mexicali, Baja California -misma que presenta un avance de 70 por ciento en la construcción y es equivalente a una inversión de mil 400 millones de dólares-. No obstante que dos de las recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo el mundo es no llevar a cabo reuniones masivas ni congregar a personas sin que se respete la sana distancia dado que en estas condiciones se facilita la propagación del Coronavirus entre la población mexicalense. Además en dicho ejercicio las personas que asistan, mantendrán contacto con plumones y boletas que podrían ser transmisores del mismo virus.
En caso de incumplimiento de esta protección jurídica por parte de las autoridades responsables, entre ellas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila; al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, el Juez Federal determina en el expediente 285/2000 la posibilidad de sanciones privativas de la libertad y destitución de dichas y dichos funcionarios.
Además del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur; a la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra; al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, y “terceros interesados”.
“[…] Los efectos y consecuencias del acto reclamado que han quedado precisados, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la propagación de la epidemia denominada COVID-19, entre los asistentes a la consulta pública reclamada, sí configura un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, pues impactan en el derecho a la salud, y a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad mexicalense a la que pertenecen los quejosos, lo que obliga a este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre la media cautelar solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente por lo que hace a dichos efectos y consecuencias del acto reclamado (medidas de prevención de riesgo sanitario)”, indica la resolución judicial.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideramos que con su decisión de realizar la consulta, además de poner en riesgo la salud de las familias mexicalenses, el titular del Poder Ejecutivo Federal está poniendo en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado durante las últimas décadas en Baja California en plena antesala a una fuerte crisis económica mundial por la contingencia sanitaria que a afectado a cientos de miles de personas en todo el mundo.
“La insólita consulta que se refiere a cualquier inversión privada, más allá de su resultado, sentaría un grave precedente para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se podrían posponer o, incluso, detener, debido a la falta de seguridad jurídica para llevarlas a cabo”, indicó Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX.
No obstante que la empresa Constellation Brands ha cumplido a lo largo de los años con todos los permisos y las autorizaciones requeridas por las autoridades, y que ha demostrado en los tribunales federales y locales que le asiste la ley, y que ha mantenido un diálogo continuo con el Gobierno Federal asumiendo compromisos comunitarios más allá de sus obligaciones legales, de forma repentina e irresponsable, el Gobierno Federal arriesga de forma temeraria una importante inversión, las fuentes de trabajo asociadas a la misma, y como indica la resolución del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, la salud de la ciudadanía citada a participar por la SEGOB, sin más consideraciones que las políticas.
En la COPARMEX consideramos que al Gobierno le corresponde brindar certidumbre y confianza a los inversionistas. Si hubiese existido algún acto ilegal, si hubiese existido un permiso que se haya otorgado de manera inadecuada a Constellation Brands, la vía correcta para que se revise es precisamente a través de las propias facultades de las autoridades, ejercidas con estricto apego a derecho.
En la COPARMEX hacemos un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a todo su Gobierno, para que entienda la gravedad de la coyuntura económica, la circunstancia tan compleja que atraviesa México y el mundo.
Este es el peor momento para que México lance al mundo una señal de desconfianza. Ojalá que la cordura, la altura de miras y el bien por México sea lo que inspire de ahora en adelante las decisiones del Gobierno Federal.
La COPARMEX apoyará a la ciudadanía afectada como en este caso y hará valer todos los medios legales a su alcance, para evitar que, en este y otros casos, se materialice la acción destructiva sobre fuentes de trabajo y se afecte el desarrollo del País, fruto de la irracionalidad en el ejercicio del Gobierno Federal.
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