- Mtro. José Ma. Villalobos Rodríguez.
En lo que vamos del proceso electoral que culmina el 6 de junio se han registrado a lo largo y ancho del país eventos violentos, simulaciones y fraudes de un alcance insospechado. Desgraciadamente, nos estamos pareciendo cada vez más a Colombia en tiempos del auge de Pablo Escobar -quien operó atentados criminales contra jueces, políticos, militares… todo aquel que le estorbaba era eliminado de inmediato. Llegó a infiltrar gente en la administración pública, compró silencios en ciudades y medio rural con “donativos” o construyendo escuelas y centros de atención a la salud. Tuvo tal éxito que su entierro fue un evento de luto nacional para aquellos que se beneficiaron de sus “apoyos” – sin importar los graves ilícitos con los que él financiaba sus métodos de sometimiento a la población.
A mediados del sexenio de Salinas de Gortari en la frontera entre Tamaulipas y Texas se dieron una serie de eventos cruentos a cargo del Comandante Guillermo González Calderoni contra familias completas de traficantes. Este exceso tuvo represalias a lo largo de Tamaulipas. Como testigo protegido Calderoni fue ejecutado en Texas – sin que se investigara en lo absoluto quién estuvo detrás.
La oficialía militar mexicana en formación en 1991 estaba segura que la mayor falla de los Presidentes civiles emanados del PRI era el descuido, el desdén de las fronteras sur y norte del país. Que tarde o temprano íbamos a pagar muy caro ese abandono.
Coinciden con esta opinión militar los estudios socioeconómicos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Se afirmaba a mediados de la década de 1980 que la mayoría del territorio nacional estaba vacía, despoblada y carente de seguridad mínima. Eso hacía a nuestro país más expuesto y pobre. Que solo teníamos lunares de prosperidad en ciertas ciudades como Guadalajara, Monterrey o el Valle de México, que fuera de eso- éramos una nación poblada por miles de familias en pobreza. Pasados 40 años de tan sombrío diagnóstico México padece hoy como nunca la pesada losa de poderes fácticos que no destacaban tanto en 1980.
Se ha encontrado que la cuota promedio por cada persona para trasladarlos por territorio nacional desde la frontera sur hasta Estados Unidos ronda los 8 mil dólares (sin IVA) por cada una de ellas.
La administración Biden ya señaló que las autoridades migratorias o policiales de México no hacen nada por evitarlo. ¿A qué precio esa pasividad, esa omisión?
Traficar gente sistemáticamente se ha vuelto mucho muy rentable y ya se ha incursionado, incluso, como en las rutas del norte de África a Europa: en lanchas que salen de Rosarito, Baja California. Es un negocio de gran magnitud, que a lo largo del recorrido desde Chiapas hasta los cruces de la frontera México – Estados Unidos va regando con dólares su paso. Opera a la sombra, en la economía subterránea donde los pagos a quien ayuda pueden ser en efectivo o en polvo blanco para su venta.
Los grupos organizados para el crimen se han ido apoderando de los gobiernos municipales porqué son el nivel más cercano a la gente, a la vez que son el que menos recursos posee para financiar sus tareas de gestión pública. Es más barato comprar al jefe de la policía municipal que a un General de cinco estrellas.
Mercados públicos, sistemas de transporte urbano, cobro de piso, control del ambulantaje, usura y extorsión a comerciantes y transporte foráneo son nichos de mercado ya muy dominados a nivel municipal en todo el país por variopintos grupos delincuenciales.
La otra gran expansión de estos grupos está en el control de jueces. Para ello cuentan con magníficos abogados a quienes les pagan con creces para liberar con rapidez a sus pistoleros, contadores, prestanombres o comercializadores de sus servicios.
Si alguno de los jueces se opone a sus instrucciones ya sabe a lo que se expone, si algún agente migratorio confunde México con Suiza lo pagará su familia o el mismo.
Desgraciadamente, esta predominancia de la economía delincuencial sobre la que no lo es ya está generando un desasosiego creciente en todas las regiones de México.
Esta atmósfera de amenaza ya está vigente en Oaxaca – donde la zozobra era algo ya conocido por la presión que un año sí y otro no ejercen las organizaciones “sociales”, los sindicatos de todo tipo más los cárteles de alcance nacional.
No se atisba ningún interés ni compromiso genuino de nuestros gobernantes para velar día con día por la seguridad. Para ellos la cobertura se enfoca a cuidarse ellos, sus familias y su círculo cercano. El resto de la población que se rasque con sus propias uñas. El cuasi centenario Luis Echeverría Álvarez- ante el temor que la guerrilla creciera en el México de 1970 prohibió las armerías en todo el país. También limitó el derecho ciudadano a andar armado en carreteras o para la defensa del hogar. Esta prohibición ha beneficiado a asaltantes, secuestradores y sicarios, porque ellos sí se pueden armar hasta los dientes, pero un padre de familia no puede defenderse ante sus intrusiones.
Falta modificar este absurdo que da toda la ventaja al delincuente y deja en la indefensión a las familias. El artero asesinato de tres hermanos en Guadalajara por un comando anónimo es un ejemplo.
Conozco de primera mano gente joven que ya está harta de esta atmósfera de inseguridad y de riesgo de perder hasta la vida por defender un celular o un auto, o por no poder transitar por carreteras con la libertad que tuvimos en el México de los 60.
Sin libre tránsito, sin libertad de emprender lícitamente un negocio, son un sistema judicial coludido con los malandrines, con gobernantes comprometidos solo con su bienestar, con legisladores desconectados de sus electores, con policías a sueldo de los delincuentes, nuestros jóvenes ya se quieren ir de nuestro país.
Exactamente esto sucedió en Colombia, Argentina, Perú y Venezuela.
En México vamos en la ruta de esas naciones que vieron como sus jóvenes talentosos emigraron a Europa, Estados Unidos o Canadá ante la inseguridad, la extorsión, los excesos de los militares en funciones policiales, las amenazas frecuentes, los atentados a diestra y siniestra, las graves violaciones a los derechos de propiedad, la rampante corrupción y el auge de la impunidad en contubernio con jueces y ministerios públicos.
