- “Es película de terror y delincuencia organizada
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Sanción “hasta donde tope”: Geovany Vásquez Sagrero
Alfredo Martínez de Aguilar
La colusión de altos funcionarios públicos de los gobiernos de José y Alejandro Murat, que abusando del poder han despojado generacionalmente a mucha gente en el Estado, “es una película de terror y delincuencia organizada”, dice Geovany Vásquez Sagrero.
Revela en Oaxaca en la Mira que se han detectado que los protocolos de diversos Notarios fallecidos fueron los más manipulados en la Dirección de Notarías. No se escapa también su ex titular, Armando López Mendicuti, “borraban y plasmaban nuevos instrumentos notariales”.
Al meter esos protocolos a la cámara oscura vemos que les echaron material corrosivo y plasmaron nuevas gelatinas con nuevos instrumentos, con luz ultravioleta se ven los manchones y borrones.
“A la vista no se da uno cuenta y aparecen altos funcionarios de la anterior administración como dueños de inmuebles. Se ha dado vista al Ministerio Público, es la única forma de dar un golpe de timón”, subraya el Maestro en Derecho y Política Electoral por la Facultad de la UABJO.
El Consejero Jurídico y de Asistencia Legal del Gobierno de del Estado de Oaxaca, refirió que cuando inició la administración de Alejandro Murat Hinojosa, de un promedio de 250 a 300 denuncias por despojo de manera ordinaria, subieron en la Fiscalía a 1200 en su último año.
“Es un problema generacional”, confía. El ex gobernador José Murat inició los despojos con sus amigos y su hijo Alejandro, vino a rematar con los hijos de los amigos de su padre, aseguró a Raúl Castellanos, Cornelio Merlín y este columnista en el programa de TV Oaxaca en la Mira.
“Materialmente es imposible que el anterior Consejero Jurídico (José Octavio Tinajero Zenil) no supiera lo que estaban haciendo los funcionarios del gabinete inmobiliario y del Registro Civil. Investigamos a todos los que puedan tener alguna responsabilidad y eso no excluye a Tinajero”.
Siguen apareciendo casos verdaderamente increíbles. En el Desarrollo Turístico de Huatulco encontramos que con protocolos de Notarios fallecidos escrituraron a favor de particulares, incluso, el predio donde se construyó un Cárcamo de Agua en un área de 10 por 10 metros.
No es posible que un mismo Notario (José Jorge Enrique Zárate Ramírez, Número 84) en una sola semana pida células y registros catastrales de 13 propiedades de una persona recientemente fallecida (Doctor Gerardo Ricárdez Bernardino) con escrituras de uno, dos o tres años antes.
En el caso de todas estas escrituras había vencido el plazo para registrarlas. A la semana del fallecimiento del Dr. Ricárdez el Notario Zárate Ramírez va a Catastro, donde despachaba su hijo Jorge Zárate Medina, y al Instituto Catastral, y el mismo día sacan la cédula y el registro catastral.
“Por ahí andan vendiendo los inmuebles que despojaron, con un pecunio de más de 80 millones de pesos, que le quitan a alguien en una semana con las manos en la cintura. El Gobierno del ingeniero Salomón Jara Cruz no está dispuesto a permitir este tipo de acciones delictivas”.
Jueces federales oponen resistencias legaloides
Vásquez Sagrero afirmo categórico que hay un compromiso y una indicación de manera precisa y directa del Gobernador Salomón Jara para que no se permitan este tipo de acciones tipificadas como delincuencia organizada por la participación concertada de numerosas personas.
Lamentó encontrar resistencias para aplicar la ley al Cartel del Despojo por parte de Jueces de Distrito que amparan y protegen a los Notarios investigados, dio a conocer en el programa Oaxaca en la Mira por las plataformas Regeneración Pluralidad, Revista Mujeres y ECMC.
Con humildad confiesa que no le da temor tocar poderosos intereses políticos y económicos porque cree y se encomienda a Dios para que le cuide. “No estamos haciendo nada de manera arbitraria, eso lo quiero dejar muy claro”, precisó de manera enfática.
Hay por lo menos 30 Notarios Públicos en capilla en el Estado, porque se detectaron graves faltas, con vicios de nulidad absoluta en la expedición de sus Fiats, por lo que la actual Dirección de Notarías está retomando la investigación para evitar que los diversos delitos queden impunes.
“Seguimos investigando. Hay más procedimiento de Revisión Oficiosa de Actos Administrativos a Notarios Públicos. Tenemos instrucciones precisas del Gobernador Salomón Jara de no bajar la guardia contra el Cartel del Despojo. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
El gran reto y problema para sancionar a los numerosos integrantes del Cartel del Despojo es desmenuzar la forma cómo han ido tejiendo históricamente sus amplias redes de complicidad para ir generando tractos sucesivos registrales.
Uno de los Notarios involucrados en el Cartel del Despojo (Jorge Alberto Gómez Merlo), se adjudica una propiedad (de los hermanos Gómez Conzatti), a través de un juicio hereditario, la dona a su mamá y finalmente la demanda laboralmente para embargar la propiedad.
Gómez Merlo, Notario Número 135, una de las cabezas del Cartel del Despojo genera un expediente para tener un acto registral como antecedente; dona, genera otro acto registral, demanda y embarga. Hay un fraude por simulación, por lo que se da vista al Ministerio Público.
Las denuncias de los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti contra Gómez Merlo involucran a los directores del Registro Civil, de Catastro, del Instituto Registral y de la Dirección de Notarías e informan que hay una Ficha Roja. “Gómez Merlo estuvo detenido, aunque diga que no”.
“No puede moverse de Italia porque la Ficha Roja y la orden de aprehensión están activas. Es falso que esté absuelto, de ser así ya hubiera regresado a Oaxaca. Sigue el procedimiento legal de los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti contra Jorge Alberto Gómez Merlo”.
Por otro lado, en la audiencia incidental de suspensión del Notario Guillermo Alejandro Nassar Piñeyro, “el Juez de Distrito dice, no dictes ninguna resolución hasta que yo vea el fondo. Ahí vemos intereses creados y mano negra que tratan de proteger a Nassar”.
Otro caso es el de una Notaria que a los 28 años de edad obtuvo el Fiat Público, cuando la ley exige 35 años de edad sin tener 10 años de experiencia ni menos el tiempo de expedición del título y cédula profesional de licenciada en Derecho.
La Consejería Jurídica y Asistencia Legal integra el expediente y por acuerdo delegatorio del Gobernador Salomón Jara Cruz notifica la revocación del Fiat. “Y a los pocos días llega la notificación que inexplicablemente no se emitiera resolución hasta que se resolviera el fondo”.
