CARPE DIEM
Expropiar: robo institucionalizado
NÉSTOR Y. SÁNCHEZ ISLAS nestoryuri@yahoo.com
La discusión sobre una nueva ley de expropiación en Oaxaca es, también, en el
fondo, un debate sobre la relación entre el individuo y el poder. Cada intento por
ampliar las facultades del Estado para apropiarse de bienes privados revive una
vieja tensión en la historia de México: la que enfrenta la libertad individual con la
vocación de autoritaria del populismo.
El origen de esta disputa se remonta a la Constitución de 1917. Figuras como
Venustiano Carranza intentaron preservar una tradición liberal que reconocía la
propiedad como un derecho inherente al individuo, heredada del siglo XIX juarista.
Sin embargo, el empuje de sectores más radicales, representados por Francisco J.
Múgica, terminaron por imponer el actual artículo 27, que establece que la
propiedad de la tierra y los recursos corresponde originariamente a la Nación: el
colectivismo por mandato constitucional.
No es un detalle menor. Implicó abandonar la idea de que el Estado protege la
propiedad para sustituirla por otra en la que el Estado la concede. Desde entonces,
los ciudadanos dejamos de ser propietarios plenos para convertirnos, en la
práctica, en administradores de bienes cuya titularidad última reside en el poder
público.
La nueva ley de expropiación en Oaxaca debe leerse bajo esa óptica. No es una
innovación aislada, sino la continuación de un andamiaje jurídico que permite al
Estado intervenir —y eventualmente despojar— bajo criterios tan ambiguos como
la “utilidad pública” o la “función social”. Conceptos que, aunque suenan nobles,
carecen de límites claros y quedan a merced de la interpretación del gobernante en
turno.
Ahí está el detalle central: cuando la ley depende de la voluntad política, deja de ser
un instrumento de justicia para convertirse en una herramienta de poder. La
expropiación no solo transfiere bienes; envía un mensaje contundente. Dice, sin
rodeos, que en Oaxaca la propiedad privada es frágil y condicionada.
Las consecuencias son previsibles. La incertidumbre jurídica ahuyenta la inversión,
frena el desarrollo y complica el futuro. Ningún empresario —grande o pequeño—
arriesga su capital en un entorno donde el Estado puede redefinir, en cualquier
momento, qué es “socialmente útil” y qué no. Oaxaca, una entidad que ya enfrenta
rezagos ancestrales, no puede darse el lujo de erosionar aún más la confianza.
Pero hay algo más profundo que el impacto económico. La expropiación, tal como
se plantea, introduce un componente de revancha política y contra la dignidad de
las personas. Cuando el Estado paga indemnizaciones basadas en valores
catastrales —muy por debajo del mercado— no compensa: castiga. Se disfraza de
legalidad lo que, en esencia, es un despojo en despoblado para la gente.
Este mecanismo alimenta una narrativa peligrosa: la idea de que despojar al
“propietario” es un acto de justicia. Es una ilusión. La historia demuestra que
empobrecer a unos no enriquece a otros, solo generaliza la precariedad. La
satisfacción momentánea de ver caer al “privilegiado” suele ser el preludio de un
entorno dictatorial en donde nadie tiene garantías
El problema se agrava por la apropiación de los tres poderes en manos del
ejecutivo. En Oaxaca, donde el poder judicial carece de autonomía efectiva, la expropiación deja de ser una medida excepcional para convertirse en un
instrumento de control. No se trata ya de utilidad pública, sino de conveniencia
política.
Desde la perspectiva ética, el asunto es aún peor. La propiedad privada no es solo
un bien material: es el fruto del trabajo, del tiempo y del esfuerzo de una persona.
Confiscarla equivale, en cierta medida, a apropiarse de una parte de su vida. Como
advertía Immanuel Kant, el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí
mismo, nunca como un medio. La expropiación arbitraria invierte ese principio:
nos transforma en meros instrumentos de los fines del Estado.
Oaxaca enfrenta una disyuntiva. Podemos optar por fortalecer un modelo
democrático donde el Estado actúe como garante de derechos, o avanzar hacia un
esquema donde el poder público sea, al mismo tiempo, juez, parte y beneficiario. La
diferencia no es menor: en el primer caso hay ciudadanos libres; en el segundo,
súbditos condicionados.
La nueva ley de expropiación no debería evaluarse por sus intenciones declaradas,
sino por sus resultados y efectos previsibles. Y estos apuntan en una dirección
clara: mayor concentración de poder, menor certidumbre jurídica y un desgaste
progresivo de nuestra libertad económica.
En nombre de la utilidad pública, se corre el riesgo de vaciar de contenido el
derecho de propiedad. Y cuando ese derecho se debilita, lo que está en juego no es
solo el patrimonio de algunos, sino la libertad de todos.
Expropiación es corrupción.
