Camila no es una ley, es una ausencia
Lizbeth Bravo
La llamada “Ley Camila” surge desde la indignación por una niña de ocho años asesinada en Taxco, presuntamente por personas cercanas. Otra vez el mismo patrón, confianza traicionada, violencia brutal, instituciones rebasadas. Y después, como siempre, la promesa de endurecer penas.
Pero en México el problema nunca ha sido únicamente la falta de leyes. Es la dimensión de la violencia y la profundidad de la impunidad.
Los datos son contundentes y, sobre todo, incómodos. En México, 6 de cada 10 adolescentes mujeres entre 15 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia (emocional, física, sexual o económica) a lo largo de su vida.
Y cuando se trata de desapariciones, el dato revela un patrón brutal, las adolescentes de 12 a 17 años representan el 80% de las personas menores de edad desaparecidas en México. No es casualidad. Es estructura.
La violencia sexual tampoco es un fenómeno marginal. Solo en 2022 se registraron más de 16 mil casos de abuso sexual y más de 8 mil violaciones contra niñas y adolescentes. Las más afectadas, niñas de entre 10 y 14 años.
Mientras tanto, el país acumula cifras que deberían ser escándalo permanente, 139 feminicidios de niñas y adolescentes en un solo año. Y aun así, seguimos hablando de casos “aislados”.
La realidad es otra, México es uno de los países con mayores niveles de violencia contra las infancias. Una violencia que no distingue espacio, ocurre en la casa, en la escuela, en la calle y ahora también en lo digital.
La “Ley Camila”, como otras reformas que nacen del horror, apuesta por el endurecimiento de penas. Pero hay una pregunta incómoda que el país evita responder ¿de qué sirve castigar más si casi nadie es castigado?
Porque el problema estructural sigue siendo el mismo, la impunidad.
En México, la violencia contra niñas no solo ocurre; se tolera, se minimiza y, muchas veces, se justifica. Y cuando la justicia no llega, aparece algo más peligroso: la rabia social que termina en linchamientos, como ocurrió tras el caso de Camila. No es justicia, es desesperación colectiva frente a un Estado que no garantiza lo básico, que una niña vuelva a casa.
Nombrar leyes con nombres de niñas asesinadas no es justicia. Es memoria. Y también es evidencia de fracaso.
Porque mientras el país legisla desde la tragedia, miles de niñas siguen creciendo en entornos donde la violencia es la norma y la protección, la excepción.
La pregunta no es si necesitamos leyes más duras. La pregunta es por qué, teniendo tantas, seguimos llegando siempre demasiado tarde.
