Aborto en México, refleja tensiones entre avances legales y realidades sociales
Lizbeth Bravo
El debate sobre el aborto en México ha sido una constante en la agenda pública, reflejando las tensiones entre derechos reproductivos, marcos legales y realidades sociales. A pesar de avances significativos en la despenalización, persisten desafíos que afectan directamente a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal federal, estableciendo que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, puede ser criminalizado por abortar. Sin embargo, la implementación efectiva de esta resolución depende de las legislaciones locales, y no todos los estados han armonizado sus leyes en consecuencia.
Hasta enero de 2025, 20 entidades federativas han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, incluyendo Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Nayarit y Yucatán. En Sinaloa, el límite es de 13 semanas.
No obstante, en estados como Querétaro, Guanajuato y Nuevo León, el aborto sigue siendo penalizado, lo que genera un mosaico legal que afecta la equidad en el acceso a servicios de salud reproductiva.
La criminalización del aborto tiene consecuencias graves para las mujeres, especialmente para aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Además, la falta de información y acceso a servicios seguros obliga a muchas mujeres a recurrir a métodos clandestinos, poniendo en riesgo su salud y su vida. La desigualdad en el acceso a servicios de salud y educación sexual agrava esta situación, afectando desproporcionadamente a mujeres indígenas, rurales y de bajos recursos.
La despenalización del aborto es un paso fundamental hacia la garantía de los derechos reproductivos, pero no es suficiente. Es necesario que las legislaciones locales armonicen sus marcos legales con las resoluciones de la SCJN, eliminando las barreras que impiden el acceso equitativo a servicios de salud.
Asimismo, es crucial implementar políticas públicas que promuevan la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos y la capacitación del personal de salud con perspectiva de género. Solo así se podrá garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica, puedan ejercer plenamente su derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida.
