8 de marzo, fecha de duelo y exigencia
Lizbeth Bravo
El 8 de marzo, fecha establecida por los movimientos feministas del siglo XX y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975, no es un día simbólico. Es un recordatorio incómodo, México es un país donde ser mujer sigue implicando riesgo, desprotección y, en demasiados casos, muerte.
Las cifras no son retórica. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años se han registrado alrededor de 800 a 900 feminicidios anuales en el país. Si se suman los homicidios dolosos de mujeres, la violencia letal supera ampliamente esas cifras. Más allá de la discusión jurídica sobre la tipificación, la realidad es contundente: en México asesinan a un promedio de 10 mujeres al día.
Detrás de cada número hay una cadena de omisiones. Denuncias ignoradas. Órdenes de protección que no se ejecutan. Carpetas de investigación mal integradas. Familias que tienen que convertirse en peritas, abogadas y rastreadoras para hacer el trabajo que le corresponde al Estado.
El abandono institucional se vuelve todavía más brutal cuando hablamos de desapariciones. México acumula más de 100 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales, y en esa búsqueda las mujeres (madres, hermanas, hijas) han asumido el rol que el Estado no cumple. Las madres buscadoras recorren cerros, desiertos y fosas clandestinas. No deberían hacerlo. No les corresponde hacerlo. Pero lo hacen porque es la única opción que tienen.
La violencia en contra de las mujeres no conoce edad, la mayoría de los delitos sexuales contra menores ocurre en el ámbito familiar o cercano. Las agresiones sexuales contra niñas no son hechos aislados ni perpetrados mayoritariamente por desconocidos, suceden en casa, en entornos de confianza, en espacios donde debería existir protección. Y el sistema institucional, lejos de ofrecer garantías, suele revictimizar. Las denuncias se diluyen. Las pruebas se cuestionan. Las niñas son obligadas a repetir su testimonio una y otra vez.
Hablar de feminicidio sin hablar de violencia sexual infantil es incompleto. Ambos fenómenos comparten raíces: la normalización del control sobre los cuerpos de las mujeres y niñas, la cultura de la impunidad y la minimización sistemática del daño.
En México, la impunidad en delitos de género sigue siendo altísima. Diversas mediciones estiman que más del 90 % de los delitos no se denuncian o no se resuelven. Esto no solo perpetúa la violencia; la institucionaliza.
El 8 de marzo no puede reducirse a discursos oficiales ni a campañas de colores. Es un día que expone una fractura profunda entre el marco legal y la realidad cotidiana. Tenemos leyes avanzadas, tipificaciones específicas y protocolos. Pero también tenemos madres cavando con palas, niñas viviendo con su abusador y familias que cargan con expedientes que no avanzan.
Conmemorar significa nombrar el abandono. Significa reconocer que la violencia feminicida no es solo el acto final, sino el resultado de múltiples fallas previas, falta de prevención, de protección, de investigación diligente y de justicia.
Mientras las mujeres sigan siendo asesinadas por razones de género, mientras las madres tengan que buscar en fosas clandestinas y mientras las niñas no puedan crecer libres de abuso, el 8 de marzo seguirá siendo una fecha de duelo y exigencia.
No es una jornada para celebrar. Es un recordatorio de que el Estado tiene una deuda pendiente con las mujeres de este país. Y esa deuda no se salda con discursos: se salda con vidas protegidas y justicia efectiva.
