- Por José Antonio Hernández Fraguas.
La constante violación a la Constitución y a las leyes se ha convertido en una cínica práctica que pone en riesgo el estado de derecho que debe imperar en nuestro país. Cuando se atenta contra la legalidad, estando consciente de ello, se incurre en una grave responsabilidad, principalmente para cualquier servidor público, y esa conducta debe ser sancionada tal y como lo disponen las mismas normas que se están violentando.
La aceptación de la renuncia de Arturo Saldívar al cargo de ministro de la Corte, tanto por el titular del ejecutivo como por la mayoría del senado, implica una violación a la Constitución, misma que establece como requisito para renunciar a ese cargo, que exista una causa grave que justifique la separación definitiva de sus funciones, y eso nunca quedó claro por parte del hoy exministro. Tal parece que abandonar un cargo que tiene una duración definida y que no es renunciable, a menos que exista una razón que justifique la gravedad para hacerlo, solo para irse a apoyar a una candidata, fue suficiente para quienes tienen la responsabilidad de decidir si era aceptable esa renuncia o no.
Pero al haber sido aceptada esa dimisión, genera de inmediato un procedimiento establecido en la norma suprema, para que el titular del poder ejecutivo envíe al senado una terna de personas propuestas para ocupar el espacio que queda vacío y, posteriormente, en esa cámara del poder legislativo se elija entre esa terna a quien será ministro o ministra de la Corte. Y así fue, solo que la terna enviada por el presidente, no cumple con la imparcialidad exigida a cualquier juzgador, pues las tres mujeres propuestas tienen una clara militancia, afinidad y dependencia con el ejecutivo y su partido, por lo que seguramente será rechazada esa terna, pues se requiere el voto de las dos terceras partes de los integrantes del senado presentes para aprobar tal designación, y entonces, nuevamente el presidente deberá enviar otra terna con el nombre de otras personas, y en caso de ser rechazadas también, el presidente podrá escoger dentro de la segunda terna a quien finalmente ocupe el cargo.
Resulta increíble el trato que pretende darse al poder judicial en nuestro país, pues independientemente de que parece que las propuestas de la primera terna no cumplen a cabalidad con los requisitos, una de esas recaiga en la persona de la actual consejera jurídica del ejecutivo, cargo que por ley es equiparado a una secretaría de estado y que, por tanto, está impedido para formar parte como integrante de la Corte de Justicia como lo establece la Constitución. Y no puede entenderse que el presidente desconociera ese requisito, pero peor aún, que la titular de la consejería jurídica no le haya dicho que está impedida para ese cargo y que hubiera aceptado participar en esa propuesta, pues dentro de sus obligaciones legales como consejera, está la de informar al presidente respecto al cumplimiento de la ley y la Constitución, y debió ser honesta con su jefe para que no fuera incluida en sus propuestas.
La pretensión de minar las decisiones del poder judicial, o de someterlo a la fidelidad o afinidad con el ejecutivo, pone en grave, gravísimo riesgo, la impartición de justicia en México y atenta contra el derecho de las y los mexicanos para recibir una justicia pronta, expedita e imparcial.
Por otro lado, un ejemplo más de violación a las normas legales se está dando con la actuación del aún gobernador del estado de Nuevo León, pues Samuel García pretende abandonar sus funciones como gobernador, para buscar la candidatura de su partido (MC) a la presidencia de la República y quiere dejar como sustituto a su secretario de gobierno, contrario a lo que dispone la Constitución de ese estado, que establece que cuando la licencia de separación del cargo solicitada por el gobernador, es mayor a treinta días, el congreso local designará a quien lo sustituya, lo que por supuesto no puede ignorar el titular del ejecutivo local. Pero usando una serie de argumentos fantasiosos, el abogado con maestría y doctorado en derecho, como dice ser Samuel García, quiere imponer su voluntad en contra de lo que marca la Constitución de su estado que juró guardar y hacer guardar. Independientemente del papel de esquirol que sabe que jugará en el proceso electoral, pues es claro que no tiene la menor posibilidad de ganar, pero sí de dividir algunos votos para favorecer al partido oficialista, el aspirante presidencial emecista quiere regresar después a retomar su cargo de gobernador, pues está solicitando licencia por seis meses, lo que confirma que solo va a participar para ayudar a la candidata oficialista y asegura que no aceptará a quien el congreso local decida, para que no se descubra la forma en que está gobernando hasta hoy. La apuesta de Samuel es acercarse el voto joven, como si los jóvenes fueran tontos y no se dieran cuenta de la maniobra política.
Cuando se rinde la protesta de ley requerida para iniciar un cargo, se jura guardar y hacer guardar la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, así como la Constitución local en caso de cargos estatales. Entonces, ¿por qué se viola ese juramento con tanta facilidad, frivolidad y flagrancia? El interés político y personal sobre la ley. Al tiempo.
